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EL objetivo es molestar al Gobierno con su objetivo de déficit cero, porque los jubilados no les interesan

Luego de negociaciones en el recinto de la Cámara de Diputados, los distintos bloques de la oposición arribaron a un dictamen común que instrumente una nueva fórmula de movilidad jubilatoria distinta a la que impuso el Presidente Javier Milei a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 274/2024 que dictó en marzo pasado. La iniciativa también incluye una recomposición de ocho puntos de los haberes jubilatorios por el pico inflacionario que se registró en enero pasado, que trepó al 20,6%; el Gobierno sólo reconoció el 12,5% en aquel DNU.

La ofensiva opositora, en la Cámara baja, es una reacción política a la pérdida del poder adquisitivo que sufrieron las jubilaciones y pensiones (sobre todo las que superan la mínima) en lo que va de la gestión de Milei. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estos haberes tuvieron una caída del 28,5% interanual en términos reales al cierre del primer cuatrimestre 2024. Las jubilaciones que superan el haber mínimo tuvieron una caída del 37%. El oficialismo lo rechaza por su impacto en el equilibrio fiscal que intenta sostener el Gobierno.

El principal punto en común entre los dictámenes de Unión por la Patria, la UCR, Innovación Federal y la Izquierda es que se adicione un 8% de recomposición a los haberes jubilatorios por efecto de la inflación por enero pasado. Los bloques opositores dialoguistas y el kirchnerismo impulsan, además, una nueva fórmula de movilidad jubilatoria que combina el índice de inflación con la variable salarial (RIPTE) En efecto, proponen que los ingresos se actualicen mensualmente por inflación (en sintonía con el DNU presidencial) e incluyen una cláusula para que se instrumente un aumento adicional en marzo de cada año de acuerdo al índice de salarios Ripte. Si este indicador es mayor al índice de inflación, se trasladaría a las prestaciones un alza equivalente al 50% de la diferencia. Si esta variación no hubiera sido positiva, no se aplicará ajuste alguno y el cálculo al año siguiente se hará en base al último índice utilizado.

Los opositores también coincidieron en que la ley debería garantizar un piso del haber mínimo jubilatorio, el cual no debe ser menor al valor de una canasta básica de adulto mayor, que actualmente es de $250.286 mensuales. El kirchnerismo y los dialoguistas fijaron como parámetro el valor de 1,09 canasta básica.

El mayor punto de conflicto era cómo financiar, sin provocar un golpe fiscal al Tesoro, el pago de las deudas de la Nación con las provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos al Estado Nacional, como así también el cumplimiento de las sentencias judiciales firmes a favor de los jubilados. La UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal proponían echar mano de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), pero el kirchnerismo se opuso.

Finalmente se acordó otra salida: que estas deudas sean solventadas con la asignación específica que destinan a la ANSES algunos impuestos nacionales, como el del cheque, PAIS e IVA.

Los libertarios, al igual que Pro, rechazarán este dictamen, lo que augura que estará a tiro de veto presidencial si el Senado lo convierte en ley.

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