A fines de mayo, finalmente comenzaría el juicio por la causa “YMAD” contra ex funcionarios de la UNT
En esta causa se investiga al ex rector, Juan Alberto Cerisola, y de otros tres ex funcionarios de la UNT por el manejo de $353 millones entre 2006 y 2009, unos ¡U$S 85 millones! al cambio de entonces, para obras, que llegaron en carácter de regalías de la empresa Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), de la cual la UNT es propietaria en un 40%.
Además de Cerisola serán juzgados: el ex Diputado Nacional, Luis Sacca, se desempeñaba como subsecretario de Políticas Administrativas y Gestión; Olga Graciela Cudmani, quien fue directora de Construcciones Universitarias; y Osvaldo Venturino, director de Inversiones y Contrataciones durante el período investigado.
Fueron acusados de haber desviado fondos que estaban destinados a la universidad. El juez Federal, Luis Fernando Poviña -hoy Camarista federal-, los había procesado sin prisión preventiva, al considerarlos penalmente responsables por delitos de “administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario”. Por otro lado, según un informe de la Oficina Anticorrupción (OA), solo el uno por ciento de los funcionarios de esa universidad habían declarado sus bienes.
El dinero que, según la investigación, se habría desviado, provenía de la compañía minera YMAD. La empresa recién comenzó a enviar utilidades a la UNT en el año 2006. Según el abogado Oscar López, uno de los principales denunciantes de Cerisola, hasta el año 2010 habrían sido cuantiosas cantidades de dinero lícito que el ex rector y los imputados utilizaron para desviarlo a “un sistema informal delictivo de manejo personal, que constituye parte del fondo delictivo que aplica al presente, en los gastos ilícitos de clientelismo electoral y compra de voluntad de los electores”. “El radicalismo utilizó la Universidad como una caja política”, dijo López.
La historia se remonta al año 1936, cuando el geólogo Abel Peirano descubrió el Yacimiento, de oro y plata, Farallón Negro, en la provincia de Catamarca, con la colaboración del Instituto de Geología y la Universidad Nacional de Tucumán. Esas relaciones, que continúan hoy en día, sirven para explicar parte de los hechos. La empresa YMAD desarrolla, en suelo catamarqueño, la exploración y operación de minas, así como la refinación y comercialización de la producción de los minerales y reparte sus regalías a dos sectores.
Al ser YMAD una empresa interestadual, a través de la ley 14.771, la distribución de las utilidades son para la provincia de Catamarca, que se lleva un 60%; y el 40% restante se divide entre la UNT, que obtiene un 20%, y el otro 20 se destina al resto de las universidades del país.
Esa forma de repartir las utilidades se dio a partir de 2008, cuando la Universidad terminó de construir su Ciudad Universitaria. Antes recibía un 40% en exclusiva. Este es un hecho que también se cuestiona. Victor Amaya, que fue Consejero Superior de la casa de estudios, dijo que “en el 2008, Cerisola decidió de forma individual informar la terminación de la Ciudad Universitaria, y lo hizo a pesar del desconocimiento del Consejo Superior”. Que la obra haya finalizado significó, para la UNT, resignar la mitad de las regalías que recibía, para que pasen a distribuirse entre todas las universidades del país. Cabe mencionar el caso de la Universidad de La Plata, que rechazó ese dinero por provenir de la minería a cielo abierto.
Desde 2006 a 2009 la UNT recibió de parte de YMAD $353 millones. Esos son los que se investigan actualmente. Cerisola es acusado de “sobrefacturar las obras que se construyeron, con montos que rozan el 200 por ciento”. Además, el abogado López dijo que el ex rector colocó 265 millones de pesos “a plazo mínimo de un año a año y medio, por los que obtuvo un interés promedio del 13,97% en una cueva y cuatro entidades financieras, de modo absolutamente temerario. Es un administrador infiel del patrimonio de la UNT”.
Alberto Cerisola, que fue embargado por 50 millones de pesos, ocupó el rectorado de la UNT desde 2006 hasta 2014 (fueron dos mandatos). El dinero que enviaba YMAD sólo podía utilizarse para obras de infraestructura, pero también hay sospechas de que eso no fue así. “En el 2010, año que fue reelecto para su segundo mandato, desde abril hasta diciembre le pregunté al rector por qué había tantos cargos nuevos, todos nombramientos, pero nunca respondió nada. La mayoría del Consejo Superior votaba con él sin decir nada”, recordó Amaya. En ese entonces, se decía (sujeto a investigación) que las casas que se crearon en esos años con plata de la minera, que deberían otorgarse a los beneficiarios de la Obra Social de la Universidad para veranear, estaban habitadas por parientes de los acusados.
A lo largo de esos años, el Gobierno exigió una auditoría de lo que sucedía con el dinero. Sin embargo, nunca se envió.
En principio, se espera que el juicio de comienzo, sin más dilaciones, en la fecha prevista del 27 de mayo.
