No existen legajos de los supuestos estudiantes beneficiados
El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, denunció a la Justicia irregularidades en el Programa de Becas “Progresar” que el Gobierno de Alberto Fernández otorgaba con un financiamiento internacional de 341 millones de dólares.
Fue un “préstamo” que se concretó en noviembre de 2019 y, sobre el cual, no se realizó ningún tipo de control. Por esa razón, se desconoce el destino de los fondos, quién o quiénes se habrían beneficiado con esos fondos y si llegaron a manos de los estudiantes de sectores más vulnerables de entre 16 y 17 años a través de la línea “Asistencia a Jóvenes Estudiantes para la Finalización de la Educación Obligatoria”.
En la presentación judicial se denuncia a los presuntos responsables de la malversación del dinero que debía ser destinado a los más desprotegidos de los delitos de “incumplimiento de deberes de funcionario público” y “fraude a la administración pública”.
Entre otras irregularidades, la investigación destaca que “no se confeccionaron legajo individual por cada becado desde su inscripción hasta el otorgamiento de la beca”. Tampoco “hay documentación que respalde cada otorgamiento”, es más, “no existen solicitudes ni formularios de inscripción con certificación escolar que demuestre la escolaridad en la cursada”. En la ANSES tampoco se encontró documentación “respecto del ingreso de los postulantes y su grupo familiar”.
El préstamo otorgado al país, es decir con devolución, “fue concedido a la República Argentina por el ‘BIRF’ por un total de 341 millones de dólares, préstamo que se concretó en el mes de Noviembre del año 2019″. El Programa, tenía entre sus objetivos fundamentales, financiar las “Becas Progresar”.
Desde la cartera de Pettovello calificaron como “burdas” las irregularidades detectadas por la Sindicatura General de la Nación en el manejo de las becas “Progresar” y que “la aparición de un préstamo internacional multimillonario no debidamente auditado por autoridad nacional alguna resulta a todas luces un marco ideal para la consumación de delitos en perjuicio del erario público”.
Las becas educativas “Progresar” han tenido como objetivo fomentar la escolarización obligatoria y que los alumnos más carenciados puedan terminar sus estudios evitando la deserción por razones económicas.
Según la presentación judicial, “dicho encomiable fin, no ha habría sido honrado por las autoridades responsables de la gestión gubernamental anterior al haber permitido/avalado/propiciado un descontrol administrativo en el manejo de cientos de millones de pesos y dólares estadounidenses todo lo que ha propiciado sin lugar a duda un perjuicio fiscal”.
