Argentina está en ruinas. Más allá de la discusión de si es legal o ilegal, en este proceso de “salvar” al país y donde se piden sacrificios a la población, ¿es ético y moral recibir una jubilación de privilegio?
El ciudadano espera de sus gobernantes el EJEMPLO. Se pagan fortunas en haberes mensuales a ex funcionarios y algunos herederos. El caso más indignante es del señor Adolfo Rodríguez Saá, que percibe una millonaria jubilación por haber sido Presidente tan solo ¡7 días!.
Con el pago mensual de unos 13 millones de pesos a Alberto Fernández (ya se le aprobó el cobro de 32 millones de pesos en concepto de retroactivo), más el que cobrará Daniel Scioli este mes (de alrededor de 17 millones), el Estado abonará mensualmente unos 158 millones de pesos a ex presidentes, ex vicepresidentes, viudas y una hija de un ex mandatario, es decir, el equivalente a 833 jubilaciones mínimas concentradas en apenas un puñado de personas.
Según datos oficiales, correspondientes al mes de abril, proporcionados por la abogada Silvina Martínez en respuesta a un pedido de acceso a la información pública realizado a la Anses, cobran los haberes de privilegio: Cristina Kirchner (28,1 millones de pesos mensuales en bruto entre su jubilación y la ilegal pensión que recibe de su ex esposo y ex presidente Néstor Kirchner. Esos 28 millones equivalen hoy a 147 jubilaciones mínimas, de 190.141 pesos cada una). Luego están: Daniel Scioli (17,5 millones), Mauricio Macri (13,5 millones), Adolfo Rodríguez Saá (12,9 millones, a pesar de haber sido presidente durante tan solo una semana), Zulema Yoma (11,1 millones como ex esposa de Carlos Menem), Gabriela Michetti y Julio Cobos (9,8 y 9,7 millones, respectivamente, por haber sido vicepresidentes), Amalia Guido (9,5 millones como hija de José María Guido), Inés Pertiné (9,4 millones como exesposa de Fernando de la Rúa), Bety Andrés (8,7 millones como ex esposa de Roberto Levingston), Amado Boudou (8,2 millones, estando condenado judicialmente en el caso Ciccone) y María Estela Martínez de Perón (7 millones de pesos).
La diputada porteña Graciela Ocaña encabezó un reclamo oficial y una campaña tendiente a evitar que se le pague a Alberto Fernández la jubilación de privilegio por no residir en el país, por contar con más de 100 denuncias penales y por haber dado sobradas muestras de conducta antiética, como la desidia demostrada durante la pandemia, celebrando fiestas a escondidas en la quinta de Olivos mientras regía el encierro obligatorio para el resto de los ciudadanos. Hasta ahora, no tuvo respuesta y el ex presidente cobra la jubilación de privilegio.
El caso de Daniel Scioli, quien había dado de baja su jubilación de privilegio en 2022 para acceder a un cargo en el último Gobierno kirchnerista, volvió a reclamarla ahora que es secretario ad honorem de Turismo, Deportes y Ambiente del actual Gobierno nacional. Ante el pedido de información pública de Ocaña, se le respondió que legalmente le corresponde a Scioli cobrarla. Podrá ser legal, pero resulta poco o nada ético ese reclamo cuando hay declarada una emergencia económica y la mitad de los ciudadanos se encuentra bajo la línea de pobreza.
Por “jubilaciones de privilegio” se conocen a los regímenes especiales que, por cuestiones particulares de algunas actividades o por mérito, reciben algunos trabajadores o funcionarios públicos. Los presidentes y vicepresidentes se encuentran dentro de esta lógica.
Hace unos días, la Cámara de Diputados de la Nación -la oposición- rechazó eliminar las jubilaciones de privilegio y despertó las críticas del Presidente Javier Milei, quien renunció a ese derecho en ANSES, quienes aceptaron.
Con respecto a los presidentes y vicepresidentes, en febrero último el Estado pagó 12 jubilaciones de privilegio a 11 personas, según informó el Gobierno nacional, que es el equivalente a 400 jubilaciones mínimas.
Que lo anormal no se convierta en una normalidad. Que Dios y el pueblo se lo demanden.
