La situación es similar a las usurpaciones de El Mollar
El primer paso para llevar orden territorial a El Cadillal ya fue dado. Un informe realizado entre profesionales del sector público y privado detectó que habría, por lo menos, 300 hectáreas de tierras fiscales y unas 3.000 casas construidas de manera irregular. Ahora la Provincia, como lo hizo en El Mollar, tendrá que analizar caso por caso para tomar una decisión sobre los caminos a seguir. Los especialistas sostienen que esta tarea puede llevar años.
La Provincia, después de descubrir lo que pasaba en el Valle de Tafí, decidió profundizar las investigaciones de usurpaciones, principalmente en los centros turísticos y en el resto del territorio. Por esa razón, se tomaron dos decisiones: crear una unidad ejecutora para analizar estas cuestiones, y hacer un diagnóstico sobre lo que ocurría en El Mollar.
“La vocación excepcional para ser una Villa Turística inserta en el Parque Provincial El Cadillal, rodeada de reservas y bosques de alta calidad ambiental, se encuentra amenazada por la ausencia de control estatal ante las usurpaciones, por la falta de un Ordenamiento Territorial Integral, Planificación Urbana y Códigos de Edificación Urbanos, acompañados de un Plan de Manejo de la Actividad Turística-Residencial”, se puede leer en el documento que ya está en poder de las autoridades.
“Hay que ver hasta dónde llega. Me parece bien que se intente poner orden en la provincia. Sin embargo, tengo mis serias dudas de que se llegue a buen puerto porque hay muchos políticos y gremios en el medio”, dijo Esteban Rearte, que vive hace más de 10 años en ese lugar.
Las diferencias entre El Mollar y El Cadillal
En El Mollar se habían ocupado alrededor de 40 hectáreas. Los terrenos a constatar son nada menos que siete veces más. El tiempo es otra de las dificultades: en el caso de los valles, la mayoría no tenían más de cinco años, pero en El Cadillal se habla de ocupaciones de más de 30 años.
El primer punto a determinar será cuáles son los casos que fueron judicializados para saber cuál es el estado de estas demandas. Hasta la semana pasada, la Provincia seguía logrando sentencias de desalojos en varias parcelas de ese centro turístico. Pero también habrían descubierto que varios pleitos deben darse por perdidos porque, a pesar de que un juez había solicitado la liberación forzosa de las tierras, el demandante que en este caso es el Estado no los hizo cumplir en 10 años y el ocupante se transformó en dueño.
Qué dice el informe
– Personas usurparon unas 300 hectáreas que fueron loteadas.
– No se cumplió con las normas básicas de loteos, por lo que se construyó en cualquier lado generando problemas en los caminos.
– Viviendas se construyeron a menos de 35 metros del lago, en zonas inundables, en zanjones, detrás de los muros de tres presas o debajo del aliviadero de emergencia.
– Removieron suelos y construyeron casas en terrenos donde hay tesoros arqueológicos.
– Las áreas de bosques nativos protegidos no fueron respetadas y no sólo hubo una tala indiscriminada, sino que además se alteró el ambiente con la construcción de viviendas.
Con información de Gustavo Rodríguez, La Gaceta
