La transparencia de un funcionario público no debería depender de filtraciones periodísticas ni de operaciones políticas. Debería ser una obligación institucional permanente
Por SIN CODIGO
La revelación sobre la supuesta compra de una casa de fin de semana en Tafí del Valle por unos USD 300.000 atribuida al gobernador Osvaldo Jaldo volvió a poner sobre la mesa un debate incómodo para Tucumán: la falta de transparencia pública sobre el patrimonio de los funcionarios.
Según publicó La Nación, el mandatario habría adquirido una propiedad de alto valor en una de las zonas más exclusivas de la provincia. La discusión política no pasa solamente por la compra en sí, sino por una pregunta que en Tucumán sigue sin respuesta pública: ¿el incremento patrimonial coincide con los ingresos declarados por el funcionario?
La polémica inevitablemente genera un paralelismo con el caso de Manuel Adorni -Jefe de Gabinete de la Administración Milei-, cuestionado en las últimos meses por presuntos gastos personales y adquisiciones que algunos sectores consideran incompatibles con sus ingresos. Sin embargo, existe una diferencia institucional clave entre ambos escenarios.
A nivel nacional, los funcionarios están obligados a presentar declaraciones juradas patrimoniales que son públicas y accesibles para la ciudadanía. Es decir, cuando Adorni presente oficialmente su declaración jurada, podrá verificarse si sus bienes y gastos fueron realizados con ingresos debidamente justificados o no. El sistema puede ser imperfecto, pero existe un mecanismo de control ciudadano.
En cambio, en Tucumán la situación es distinta. Los funcionarios provinciales también deben presentar declaraciones juradas, pero esas presentaciones no son de acceso público si no que están “bajo llave”. La sociedad no puede consultar fácilmente cuál era el patrimonio previo de un funcionario, cuánto aumentó durante su gestión ni si existe correspondencia entre ingresos y bienes adquiridos.
Ese vacío de transparencia alimenta inevitablemente las sospechas. Porque el problema no es únicamente la compra de una casa de USD 300.000 en Tafí del Valle, sino la imposibilidad de que cualquier ciudadano pueda acceder a información oficial para despejar dudas.
Jaldo declaró que tiene una actividad privada de muchos años y que la casa la habría comprado con un préstamo personal del Banco Macro, del cual es cliente desde hace décadas-, Seguramente es así, pero al no haber acceso a su declaración jurada, las especulaciones están en el tapete. Si las declaraciones juradas fueran públicas, como ocurre en Nación y en numerosas provincias argentinas, probablemente este tipo de discusiones se resolverían con datos concretos y no con especulaciones políticas o mediáticas.
El debate vuelve a dejar expuesto uno de los grandes déficits institucionales de Tucumán: el atraso en materia de transparencia y acceso a la información pública. Mientras otras jurisdicciones avanzaron en mecanismos de control ciudadano, publicidad patrimonial y acceso abierto a datos estatales, en la provincia todavía persiste un sistema opaco que dificulta conocer cómo evolucionan los bienes de quienes administran el poder.
La transparencia no debería depender de filtraciones periodísticas ni de operaciones políticas. Debería ser una obligación institucional permanente. Porque cuando las declaraciones juradas son públicas, se protege tanto el derecho de la sociedad a controlar como el derecho del funcionario honesto a demostrar que su patrimonio tiene origen legítimo.
