La víctima fue subida por la fuerza a un automóvil particular, golpeada y trasladada a una dependencia policial donde permaneció cautiva mientras negociaban el pago del rescate con su familia
Un nuevo escándalo sacude a la Policía de Tucumán y vuelve a poner bajo sospecha el accionar de sectores de la fuerza. Cuatro efectivos, entre ellos un ex comisario, serán llevados a Juicio acusados de haber secuestrado a un joven y exigirle a su madre el pago de $240.000 para liberarlo.
La investigación judicial reveló detalles estremecedores. Según el expediente, los acusados habrían montado un falso operativo antidrogas para detener ilegalmente a un joven al que vinculaban con la venta de marihuana. La víctima fue subida por la fuerza a un automóvil particular, golpeada y trasladada a una dependencia policial donde permaneció cautiva mientras negociaban el pago del rescate con su familia.
Pero lo más impactante fueron los mensajes hallados en los teléfonos celulares de los imputados. En un grupo de WhatsApp creado el mismo día del hecho, los policías hablaban de realizar “un trabajo de merca” y pedían “apurar a la vieja” para que entregara el dinero exigido.
La causa, investigada por el Fiscal Federal Agustín Chit, sostiene que nunca existió una orden judicial ni un procedimiento legal. Tampoco había registros oficiales del ingreso del joven a la dependencia policial donde estuvo retenido. Los investigadores concluyeron que se trató de un secuestro extorsivo cometido desde dentro de la propia estructura policial.
Los acusados son los efectivos Ángel Sebastián Gómez, Sergio Daniel Díaz y Frando Javier Jiménez, además del ex comisario Gustavo Ezequiel Morales, señalado como partícipe del hecho. También, aparece involucrado un civil, Facundo Nahuel Amaya, quien tendrá un proceso separado por haber permanecido prófugo durante meses.
El Juez Federal Guillermo Díaz Martínez rechazó los planteos de las defensas y resolvió elevar la causa a juicio oral. Además, habilitó a la víctima y a su madre a iniciar acciones civiles contra el Estado por daños y perjuicios.
El caso vuelve a encender alarmas sobre prácticas ilegales dentro de sectores de las fuerzas de seguridad. No se trata de un episodio aislado: en los últimos años aparecieron denuncias similares vinculadas a supuestos aprietes, pedidos de dinero y procedimientos irregulares realizados por policías en Tucumán.
La gravedad institucional es enorme. Porque cuando quienes deben combatir el delito son acusados de utilizar el uniforme y la estructura estatal para cometer secuestros y extorsiones, el daño excede a las víctimas directas: se erosiona la confianza pública en todo el sistema de seguridad y justicia.
Con información de Gustavo Rodríguez
