“Como no marcharon, no retiran mercadería”. Existen chats que revelan cómo los líderes piqueteros se quedaban con un porcentaje de la asistencia del estado
La Justicia ordenó 27 allanamientos en una causa que investiga a dirigentes sociales por extorsionar a beneficiarios de planes. Las denuncias contra los acusados fueron recibidas a través de la línea 134.
Las medidas judiciales establecidas involucran a referentes del Polo Obrero, Movimientos Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha. En la causa que instruyó el Fiscal Gerardo Pollicita, los propios beneficiarios de planes sociales declararon ante sede judicial y aportaron sus propios chat y mensajes donde se probó la extorsión para concurrir a las marchas.
De estas declaraciones y pruebas, se pudo establecer que dirigentes de organizaciones sociales desplegaron un sistema de cobro de porcentajes del Potenciar Trabajo, además de extorsionar y amenazar a los beneficiarios con “quedarse sin su plan” en caso de no hacer los aportes.
En el expediente hay diferentes pruebas. Una de estas ocurrió con una mujer identificada como Patricia Iramain, una delegada que en un chat informa quiénes son los que no van a poder pasar a retirar la mercadería ya que no fueron a las marchas.
Esta mujer integra el comedor Rivadavia I, coordinado por el Polo Obrero. En el caso están en la mira otros comedores más como La Carbonilla y Mariano Ferreyra, todos administrados por esta asociación.
Otra de las pruebas que se puede encontrar en el expediente es que los beneficiarios tienen que justificar por qué no van a la marcha. En otro de los chats se puede ver cómo un hombre, denominado Gustavo Vasquez, solicita a quienes no fueron a la movilización de las organizaciones que entreguen un certificado médico que justifique su ausencia.
El caso 326418, descrito por Pollicita, relata cómo una persona para ser beneficiaria del Potenciar Trabajo debió concurrir a varias marchas para luego sí ser inscripta en el programa. Recién allí pudo obtener la tarjeta del Banco Nación para percibir su haber mensual.
De la investigación se desprende que a los comedores se les debe pagar los primeros dos días de cada mes 2.300 pesos por el alquiler del local. Quienes no paguen, no pueden retirar la comida de todo el mes. Al menos esa situación se comprobó en el comedor Rivadavia I, manejado por el Polo Obrero.
Allí se pueden ver las distintas categorías que hay: si un beneficiario asiste a las marchas asciende a la categoría de “esencial” y luego a un tercer escalón llamado “cuadrilla”. A medida que escala, percibe más beneficios.
Otra de las capturas que se pueden encontrar en el caso es del referente Gustavo Vásquez, pide un aporte mensual a los beneficiarios para “sostener a la organización”. Allí habla de luchar contra la motosierra de Milei.
En otro tramo del expediente, el Fiscal concluye en que se implementó un sistema de control y de sanciones sobre las víctimas, que incluyó la toma de asistencia a las “movilizaciones”, la confección de “listas de castigados” que debían “reparar” su acción mediante el cumplimiento de nuevas tareas, la imposición de multas por faltar a una “marcha” de hasta $10.000 por cada ausencia, la exigencia de “justificar” las ausencias a las “movilizaciones” con “comprobantes” de los respectivos impedimentos turnos médicos, trámites, etc, y la prohibición de retirar raciones de comida o alimentos no perecederos por plazos determinados, según cada “incumplimiento”, entre otros mecanismos.
Con datos de Bruno Yacono, TN
