Las condiciones legales y políticas para que el Poder Ejecutivo avance sobre la autonomía del distrito
El Presidente Javier Milei pidió hoy la renuncia del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, para disponer de una Intervención Federal ante los hechos de inseguridad en la provincia, que volvieron a ponerse de manifiesto por el revuelo con el crimen de Kim Gómez, la nena de 7 años en La Plata que falleció durante el robo de un auto.
Para avanzar en esa dirección, el Gobierno debería demostrar que se cumplen las condiciones en la Constitución nacional y contar con el respaldo del Congreso.
La Intervención Federal es un mecanismo previsto en el Artículo 6º de la Constitución nacional, que permite al Poder Ejecutivo tomar el control de una provincia en situaciones excepcionales. Solo existen tres causas contempladas para decidir una intervención sobre la autonomía local: 1) “garantir la forma republicana de gobierno”, 2) ″repeler invasiones exteriores”, 3) el pedido de sus “autoridades constituidas para sostenerlas o reestablecerlas, si hubiesen sido depuestas por la sedición, o por invasión de otra provincia”.
El procedimiento para decretar una intervención es una atribución del Congreso Nacional, desde la reforma constitucional de 1994. Ahora bien, según indica la propia normativa, el Presidente de la Nación puede decretarla de manera excepcional si el Congreso está en receso, pero siempre el Poder Legislativo debe posteriormente aprobarla. Sería una decisión de alto riesgo político, por el potencial conflictivo en la relación entre la Nación y las provincias.
El constitucionalista Miguel Ángel Ekmekdjian definió la intervención federal como un “acto complejo, de naturaleza política, emanado del Gobierno federal, por el cual se limita o suspende temporariamente y en forma coactiva la autonomía provincial”. Mientras que el reconocido jurista Germán Bidart Campos la calificó como “el recurso extremo” dentro del sistema de garantías constitucionales.
Antecedentes de intervenciones federales en democracia
La facultad de intervención federal se remonta al Pacto Federal de 1831 y en el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos de 1852, que preveían el auxilio del gobierno federal a las provincias y sus autoridades que fueran perturbadas por sublevaciones u hostilidades típicas de aquel tiempo de guerra civil. Desde entonces, se le sumaron nuevas condiciones y requisitos.
Desde el retorno de la democracia en 1983, varias provincias han sido intervenidas por el Gobierno nacional:
- Tucumán (1991): El presidente Carlos Menem desplazó al gobernador José Domato y designó a Julio César Aráoz como interventor.
- Catamarca (1991): La intervención ocurrió tras el asesinato de María Soledad Morales, que generó una crisis política que derivó en la destitución del gobernador Ramón Saadi.
- Santiago del Estero (1993): A raíz del “Santiagueñazo”, un estallido social por la crisis económica, el gobernador Carlos Mujica fue desplazado y Juan Schiaretti asumió como interventor.
- La única Intervención Federal aplicada por Ley desde entonces fue la de Santiago del Estero en 2004, ordenada por el expresidente Néstor Kirchner, bajo el supuesto de alteración de la forma republicana de gobierno. Aquella intervención, que tuvo apoyo del PJ local que gobernaba el distrito, se aplicó por denuncias de espionaje a opositores, abusos policiales y corrupción durante la gestión de la gobernadora Mercedes “Nina” Aragonés de Juárez.
