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A casi tres meses del desfalco al Estado provincial, no se volvió a hablar del tema. ¿Se está avanzando en la investigación, se sabrá quién o quiénes cometieron el delito, habrá algún “pez gordo” detrás del robo?

En la primera quincena de enero pasado, se conoció la noticia de la venta ilegal de mercadería perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social a cargo de Federico Masso, destinada a comedores. Ante la irregularidad, al principio habían detenido a tres personas por vender dicha mercadería. El gobernador, Osvaldo Jaldo, había instruido a avanzar con la investigación “caiga quién caiga”, y se presentó toda la documentación ante la Justicia. “Todavía no se pudo determinar si los detenidos pertenecen a algún partido político o movimiento social“, había declarado Masso en esa oportunidad.

 El fiscal Ignacio López Bustos logró que un juez ordenara una serie de allanamientos en el Gran San Miguel de Tucumán. En las primeras medidas, no sólo se secuestraron víveres, sino que quedaron detenidos Hugo Adrián y Juan Ernesto Juárez Ivana Vanesa Sánchez. Los tres fueron imputados por encubrimiento y un magistrado les dictó la prisión preventiva. La mujer cumplió la medida cautelar con la modalidad de arresto domiciliario.

Días después, la auxiliar fiscal Mónica Torchán, solicitó el cese de prisión en contra de los tres imputados. Argumentó su pedido señalando que ya se habían agotado las tareas investigativas y que no había riesgos procesales para que continuaran detenidos. Requirió, además, que se fijara una caución de $1 millón para cada uno. El defensor Gustavo Morales aceptó el planteo y la jueza Elizabeth Raddi terminó ordenando la libertad de los acusados que seguirán ligados al proceso.

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Otra detenida fue Rosa Margarita Ibáñez, acusada del mismo delito, pero su defensora Agustina Recalde logró que no le dicten la prisión preventiva. En su vivienda, de Villa 9 de Julio, encontraron los víveres que le habría entregado Marcos Soria (otro acusado).

Posteriormente, la Justicia ordenó la libertad de la única persona que estaba detenida por la venta ilegal de mercadería de Desarrollo Social. El beneficiado fue Marcos Soria, el ex empleado legislativo vinculado al concejal peronista, Emiliano Vargas Aignasse.

“Hemos solicitado esta audiencia para aclarar que no se solicitará la prórroga de la prisión preventiva en contra del imputado ”, había declarado la auxiliar Mónica Torchán en ese momento y que siguió las instrucciones de la fiscal Mariana Rivadeneira. “Es importante aclarar que desde su detención hasta la fecha se realizaron varias diligencias y por ello no hay riesgos procesales”, explicó la representante del Ministerio Público.

Torchán sí solicitó que el imputado cumpla con varias reglas de conducta. Entre otras, fijar residencia en un domicilio, no abandonar la provincia y presentarse periódicamente a la fiscalía y a una seccional policial para garantizar que seguirá vinculado al proceso. También solicitó que se le fije una caución real de $2 millones para poder recuperar la libertad. Su defensor Víctor Padilla no se opuso a ninguna de las medidas y presentó una lista de seis fiadores con la que cubrió el monto de la fianza que se le estableció. La jueza Isolina Apás Pérez De Nucci aceptó todo lo pretendido por las partes.

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Soria fue el último procesado en esta causa. El fiscal Ignacio López Bustos (que instruyó el expediente durante la feria) sumó indicios para sostener que el ex empleado retiraba los alimentos de Desarrollo Social a nombre de una fundación vinculada al concejal Vargas Aignasse, pero que se quedaba con parte de ellos.

A esos víveres, según la investigación, las guardaba en la casa de su suegra y luego las comercializaba de manera ilegal. Al ser investigado, por decisión del vicegobernador Miguel Acevedo, el acusado fue dado de baja de la planta permanente de la Legislatura, donde había sido nombrado desde hace varios años.

Pasan los meses y nadie más habló de la causa. ¿Caiga quien caiga?, no queda un detenido. Qué pasa, ¿quedará como toda irregularidad en la provincia, en la nada?. Evidentemente hay muchos intereses tocados y, probablemente, no convenga seguir a fondo.

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