Los ciudadanos de bien, hartos de pagar impuestos por servicios no prestados, y multas por no cumplir ciertas leyes, ahora la población multará al Gobierno por todo lo que no hace, por la plata que recauda y no la devuelve en obras
En Tucumán, la política de Estado más estable de las últimas décadas ha sido la desidia. Entre rutas, calles y caminos con más pozos que asfalto, escuelas que parecen salidas de un documental sobre Chernóbil, comisarías que funcionan como casas embrujadas y hospitales donde el único recurso disponible es el alcohol (etílico, claro), la ciudadanía ha dicho basta.
Hartos de pagar impuestos suizos por servicios de Etiopía, los tucumanos han decidido constituirse en un Jurado Popular Permanente. ¿Su misión? Penalizar, multar y hasta secuestrar patrulleros oficiales, camiones de la municipalidad y autos de funcionarios que anden paseando por la ciudad como si nada.
“Si ellos nos multan por no tener el cinturón, nosotros los vamos a multar por cada pozo que me deja sin amortiguadores”, dijo Ramón, taxista y flamante presidente del Tribunal Vecinal del Piquete Justiciero.
El nuevo Código de Faltas Ciudadanas incluye:
• Multa por pozo sin señalizar: $50.000 por eje dañado y/o taza perdida.
• Derrame cloacal sin reparar: decomiso de un vehículo oficial por cada día de olor insoportable.
• Escuela pública con baño inutilizable: descuento automático del 10% en el impuesto inmobiliario de los padres.
• Basural a cielo abierto: la intendente deberá dar una charla sobre gestión ambiental… en el mismo basural.
Por supuesto, la Justicia tradicional ya expresó su preocupación ante esta forma alternativa de legalidad, pero los tucumanos están convencidos: “Si ellos inventan fotomultas para financiar la campaña del 2027, nosotros inventamos pozomultas para financiar un bacheo decente”.
Vialidad creativa
En una medida que desafía todas las normas de tránsito, se han colocado carteles de “Ceda el paso al pozo” en calles y avenidas. Algunos incluyen advertencias como: “Este cráter ya cobró dos amortiguadores y un café derramado”. Mientras tanto, la Dirección de Tránsito sigue más preocupada por recaudar que imponer que motociclistas lleven el casco bien colocado en sus cabezas.
¿Y la educación vial?
En la provincia, el cinturón de seguridad es opcional, el casco es decorativo y el celular es parte del tablero. El agente de tránsito está más preocupado por multar que impedir el estacionamiento en doble fila, que ocasiona un caos vehicular.
Justicia popular
La novedad es que por cada infracción cometida por el Estado, el pueblo aplicará sanciones simbólicas y materiales. El modelo ya se exporta a otras provincias: en Salta se rumorea que están pensando en aplicar “asambleas de vecinos con poder de embargo”.
En Tucumán, el Estado sigue funcionando… aunque no sepamos muy bien cómo ni para qué. Pero el pueblo está decidido a tomar cartas en el asunto. Si el Gobierno no arregla nada, que al menos pague el vuelto.
TICHO para SIN CODIGO
