El Gobierno extendió la baja de retenciones para el trigo y cebada y dejó afuera a la soja

El ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que la cosecha fina mantendrá las alícuotas reducidas que tenía desde fines de enero. Soja, maíz, girasol y sorgo volverán a tener derechos de exportación más altos desde julio

Caputo anunció la extensión de la reducción temporal de retenciones para las exportaciones de trigo y cebada hasta el 31 de marzo y decidió dejar fuera de esa decisión a otros cultivos como la soja o el maíz, que volverán así a tener alícuotas más elevadas a partir de julio. Desde el agro celebraron la medida pero pidieron que se incluya a la cosecha gruesa también.

La medida, que había sido implementada originalmente a fines de enero con vigencia hasta el 30 de junio, abarcará así la próxima cosecha fina que está comenzando a sembrarse. Según el comunicado oficial, estas exportaciones y sus derivados representan alrededor de USD 4.000 millones anuales, lo que equivale a cerca del 5% del total exportado por el país.

Hasta el 30 de junio, los porcentajes sobre los principales cultivos, quedaron establecidos de la siguiente manera: la soja (poroto) pasó del 33 al 26% y sus derivados bajaron del 31 al 24,5%, los derechos para la exportación del trigo quedaron en 9,5, del 12% que se venía aplicando, al igual que la cebada, el maíz el sorgo. El girasol pasó de 7 a 5,5 por ciento. Desde julio, así, se revertirá ese recorte temporal para trigo y cebada.

La medida de sostener las alícuotas había sido sido anticipada por el propio presidente Javier Milei el día en que comenzó la tercera fase del plan económico con la salida del cepo y el inicio de la flotación del dólar entre bandas.

Economías regionales

En el caso de las economías regionales, había productos con alícuotas residuales de retenciones que fueron llevadas a cero de manera permanente. Se trata del azúcar, algodón, cuero bovino, tabaco, foresto industria y arroz, las cuales generaron más de 1.100 millones de dólares en exportaciones durante 2024. El costo fiscal de la medida está estimado en aproximadamente 800 millones de dólares.

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