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También el arancelamiento universitario para extranjeros no residentes y la declaración de la educación como servicio esencial

Luego de lanzar el Compromiso Federal por la Alfabetización y de sumar una referencia a la Educación en el Pacto de Mayo, el Gobierno Nacional planea retomar, en una Ley específicamente educativa, las reformas que había planteado en el capítulo sobre Educación de la Ley Ómnibus original.

El Gobierno Nacional se propone modificar el artículo 95 de la Ley de Educación Nacional (LEN) sobre la evaluación del sistema educativo, para impulsar un examen integrador obligatorio al terminar la escuela secundaria. La Ley Ómnibus establecía que “al finalizar los estudios de educación secundaria el Estado Nacional tomará un examen censal obligatorio que mida los aprendizajes adquiridos y las capacidades desarrolladas por los adolescentes que egresan”. Si bien la calificación será “confidencial”, la norma prevé que “el alumno tendrá derecho a conocer y recibir una certificación del resultado”.

Al explicar la iniciativa, Federico Sturzenegger -ministro de Desregulación y Modernización del Estado e involucrado en la nueva Ley- mencionó que los países que implementan un examen de finalización de la secundaria tienen un 10% más de puntaje en las pruebas PISA. También señaló que busca “cambiar los incentivos”: la nota de ese examen puede servir para “insertarse en el mercado de trabajo”, señaló el ministro. Además, aclaró que no será requisito aprobar el examen para acceder al título secundario.

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Otra reforma que ratificó el ministro de Desregulación es la modificación del artículo 97 de la LEN, referido a la difusión de los resultados de las evaluaciones, para poder publicar resultados por escuela. La Ley Ómnibus eliminaba el mandato de “evitar cualquier forma de estigmatización” al difundir los datos y agregaba que “los padres y los docentes tendrán acceso a la información que les permita tomar decisiones a fin de mejorar la educación de sus hijos y alumnos”.

Sturzenegger señaló que la idea es que los padres tengan acceso a información sobre la calidad de la escuela de sus hijos, y mencionó que en otros países esta idea fue impulsada por gobiernos progresistas, como los de Rafael Correa en Ecuador y Lula en Brasil. Descartó que se vaya a impulsar la difusión de rankings de escuelas, pero sí anticipó que el Gobierno quiere que los padres reciban, de manera privada, los resultados de las pruebas Aprender desagregados para conocer el desempeño de su hijo y el promedio de su escuela, su ciudad, su provincia y el país.

Estudios universitarios

El Gobierno Nacional también planea reflotar el arancelamiento universitario para extranjeros que no tengan residencia, manteniendo la gratuidad de los estudios de grado en las universidades estatales para “todo ciudadano argentino nativo o por opción y para todo extranjero que cuente con residencia permanente en el país”.

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Otras reformas para el sistema universitario, con el cual el Gobierno ha mantenido una relación conflictiva –aún no resuelta– por motivos presupuestarios, incluyen que las universidades puedan ofrecer un examen de ingreso como alternativa a un curso de nivelación, manteniendo la aclaración de que estos mecanismos no deben tener un “carácter selectivo excluyente”.

También se establecen evaluaciones externas de las instituciones de educación superior dentro de los primeros 6 años a partir de la normalización (para las universidades públicas) o del reconocimiento provisorio (para las universidades privadas). La evaluación externa seguirá estando a cargo de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) y se repetirá cada 10 años (es decir, se amplía el intervalo: actualmente la Ley de Educación Superior establece una evaluación cada 6 años).

Además, se apuntará a “determinar principios básicos para la asignación de recursos de las universidades”, una cuestión mencionada también en proyectos de ley presentados por distintos bloques durante este año. Sobre este punto, la Ley Ómnibus establecía que la asignación de fondos para las universidades se efectuará de manera que se asegure “el acceso a la educación superior en todo el territorio nacional, se fomente la calidad y pertinencia de la formación y se garantice la eficiencia en el uso de los recursos públicos”.

También sigue en agenda la propuesta de evaluar a los docentes cada cinco años, una cuestión que había mencionado el presidente Javier Milei en su discurso de lanzamiento del Compromiso Federal por la Alfabetización. En esta línea, la Ley Ómnibus planteaba que “la evaluación periódica será una condición y un aliciente para poder desempeñarse como docente en el país” y especificaba que la evaluación continua requerirá “revalidar las capacidades y conocimientos de docentes cada cinco años”. El borrador al que accedió Infobae ya no alude a la creación de un examen para quienes se incorporen a la docencia (como establecía la Ley Ómnibus), sino que prevé “garantizar que los profesionales que ingresen a la docencia completen un ciclo pedagógico”.

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