Estarían involucradas farmacias y personal de la salud
La investigación está en manos del Fiscal Federal Agustín Chit y de la Auxiliar Fiscal Julia Vitar, de la Fiscalía Federal N°2, en la causa en la que se analiza un posible perjuicio a la Obra Social PAMI (Programa de Asistencia Medica Integral), calculado en más de $282 millones en un período comprendido entre la segunda quincena de junio y julio de 2023 (Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner).
Entre el lunes y el miércoles fueron llamadas a declarar seis personas. Una de ellas dijo que no tenía nada que ver, y brindó datos que los investigadores deberán profundizar, mientras que otros cuatro se abstuvieron y la sexta se descompuso, por lo que su declaración se postergó. Igualmente, y aunque fueron imputados, el juez deberá resolver su situación procesal.
La investigación se inició el 24 de julio de 2023 a partir de una denuncia presentada por las autoridades del Colegio de Farmacéuticos de Tucumán, quienes detectaron presuntas irregularidades en las facturaciones hechas por tres farmacias a la obra social PAMI.
La maniobra consistía en la falsificación de troqueles de medicamentos y el uso de datos de afiliados para cobrar a la Obra Social medicamentos que nunca fueron expedidos.
Según el informe oficial, se determinó que existieron anomalías en el expendio de medicamentos por parte de estas farmacias, como emisión de recetas digitales falsas, utilizando datos de afiliados de PAMI, con la complicidad de profesionales médicos o personas con accesos a sus claves digitales, la validación de esas recetas digitales falsas por parte de las personas responsables y titulares de estas farmacias, a las que se adjuntaron troqueles falsificados para simular la venta de medicamentos, la consignación de datos falsos de terceros intervinientes para simular el retiro de los medicamentos, la presentación de estas recetas con documentación e información apócrifa al Colegio de Farmacéuticos para facturar a PAMI medicamentos que nunca fueron expedidos, y cobrando la totalidad del valor que la obra social pagó por ellos.
También se descubrió que en una misma farmacia figuraban validadas dos de estas recetas en un minuto, y también que la caligrafía del encargado de retirar los medicamentos era la misma en órdenes destinadas a distintas personas. Además, se advirtieron medicamentos escritos con errores de tipeo. Se pudo constatar que, en la mayoría de los casos, no existía relación entre el nombre de quien figuraba retirando el medicamento como tercero interviniente y el DNI consignado en la orden.
El Juez Federal subrogante N°1, Guillermo Díaz Martínez, ordenó el allanamiento en simultáneo de las farmacias denunciadas y del domicilio de sus propietarias. A los sospechosos se los acusa por el delito de defraudación a la administración pública de una persona en su calidad de explotador de los fondos de comercio de las tres farmacias involucradas y de las directoras técnicas y propietarias de esos emprendimientos.
Según se supo, el grupo de médicos que está nombrado en la causa será llamado a declarar para que expliquen si tuvieron participación o no en las maniobras, o si puede considerárselos víctimas de la defraudación investigada.
Con información de Juan Manuel Montero
