El detenido Roque “Chipi” Giménez está dispuesto a explicar cómo era la hoja de ruta del dinero por los casi $500 millones que recibió como pago
En el municipio de Alberdi habría funcionado una estructura criminal que habría lavado activos provenientes de la distribución y comercialización de droga. Es la conclusión a la que llegaron tanto la Justicia Federal como la Ordinaria. El mecanismo utilizado sería la contratación directa de obras públicas y el manejo irregular de los fondos del erario público.
Están siendo investigados como supuestos partícipes -y cabecillas- el ex intendente de esa ciudad, Luis “Pato” Campos; su esposa, ex intendente también y actual legisladora (PJ), Sandra Figueroa; y el ex secretario de Hacienda del Municipio, José del Carmen Roldán. Junto a ellos habrían tenido participación el supuesto empresario de la construcción, Roque “Chipi” Giménez; el ex secretario de Desarrollo Social de Alberdi, Pablo “Maceta” Barrionuevo; y el gremialista José “Cucha Mota” Funez. Todos negaron la acusación en su contra y dijeron que entre ellos no había ningún vínculo o que estaban enfrentados por diferentes razones.
Una investigación que será lenta y llena de obstáculos
Llegar a la verdad de lo que realmente ocurrió en el Municipio tucumano será largo y complicado. La política está en el medio y muchos intereses se están tocando. Desde el Ministerio Público se había enviado un pedido de informes al municipio. Al haber pasado los días y no tener respuesta, insistieron. El interventor municipal, Guillermo Norry, se disculpó por la demora e informó que se había producido porque el oficio había desaparecido y que no había llegado a manos de ninguno de sus funcionarios. Los investigados mantendrían poder entre los empleados municipales.
La documentación que aportó Norry fue clave para redireccionar la causa que está en manos de la Fiscal García de Targa, y fortalecer los indicios que había recolectado el Fiscal Federal Rafael Vehils Ruiz. Fueron datos para entender cómo era la ruta del dinero de Alberdi.
“Chipi” Giménez fue, durante años, un denunciador serial contra la gestión Campos. De la noche a la mañana, en febrero de 2022, el ex conductor de un taxi rural -un Renault 9- y su madre, Susana del Valle Argañaraz, dueña primero de una remisería y luego de una verdulería, crearon la Empresa Giménez Consoulting Group, cuya oficina funcionó menos de un año en Alberdi y que tenía domicilio legal en un inmueble que era de la Municipalidad.
El auxiliar de la Fiscalía, Bernardo Sassi, informó que entre junio de 2022 y diciembre de 2024, con la autorización de la intendente y ahora legisladora Sandra Figueroa, la empresa de “Chipi” fue contratada y recibió pagos por la edificación de la Sala Velatoria ($160 millones), la recuperación y remodelación del Mercado Municipal ($216 millones) y la refacción del Centro Cultural de Alberdi ($92 millones).
“La Sala Municipal es una cagada, la hicieron cuando la ciudad estaba dinamitada de pozos e inundada de líquidos cloacales. No la usa nadie y encima se llueve entera”, indicó Fernando García, vecino de Alberdi. “La Policía hizo un allanamiento en el Mercado Municipal y descubrió que no había nada, y la presencia de matorrales que daban cuenta de su total estado de abandono”, explicó Sassi. Sobre las remodelaciones del Centro Cultural, Ivana Ramírez destacó: “está igual desde hace 20 años. A lo sumo le hicieron algún que otro ‘muralcito’ para cambiarle la cara”.
En la audiencia, el representante del Ministerio Público aportó otro dato que confirmó los rumores que se vienen escuchando desde que estalló el escándalo el pasado 5 de junio. Giménez, que en sus tiempos de juventud era músico y cantante, también habría cobrado dinero por poner música en diferentes encuentros organizados por el Municipio.
Sassi explicó que la Empresa Giménez Producciones había recibido unos $28 millones por su tarea. Comentó que fueron $10 millones por el servicio que brindó en una fiesta de La Empanada que se realiza en Famaillá, $10 millones por haber brindado servicio en una feria municipal y $3 millones por haber musicalizado una fiesta del Día de Reyes. El investigador aclaró que la firma estaba a nombre de Pablo David Giménez, cuyo domicilio fiscal es una de las casas de “Chipi”.
Desde la defensa de “Chipi” Giménez aclaran que aportarán pruebas
“Mi defendido, si lo llaman a declarar, puede aclarar perfectamente todo lo referido a las cuestiones de obras públicas que realizó y que no realizó. También, puede aportar pruebas de cómo le pagaban”, aseguró Silvia Furque, que asiste a Giménez junto a Cergio Morfil. “Él es inocente de los delitos de intimidación pública e instigación a cometer ilícitos, por los que recibió una prisión preventiva más dura que la que normalmente se le da a un homicida o a un abusador. La Corte Suprema de Justicia debe intervenir inmediatamente y velar por los derechos y garantías de todos los investigados”, finalizó.
Más sospechas
En la audiencia del pasado viernes surgieron otras cuestiones que llamaron la atención al Ministerio Público. “En la información que hemos conseguido, figura que entre julio de 2020 y principios de 2021, desde las arcas del Municipio se transfirieron más de $4 millones a la cuenta de la hija de Roldán, que es dueña o maneja la imprenta familiar. Hasta el momento no podemos determinar para qué lo hizo”, explicó Sassi.
En su declaración, el ex secretario de Hacienda de Alberdi aclaró: “mi hija tiene un negocio con el que tiene contratos con varios municipios, comunas y empresas privadas. No hay nada irregular”. Sus defensores, Florencia Abdala y Camilo Atim, rechazaron la acusación. “No hay ningún tipo de prueba que respalde la imputación que le hicieron”, destacaron.
“Todos sabemos que esa imprenta era la pantalla de los negocios turbios de Roldán. Ahí se hacían todas las impresiones oficiales, en los tiempos de la pandemia confeccionaban los barbijos que entregan de manera gratuita e imprimían los votos de todas las listas oficiales. Era un negocio redondo”, dijo Juan Carlos Reyes, vecino de la ciudad.
De “Maceta” Barrionuevo sostuvo que confirmaron que le alquilaba una camioneta Ford Ranger al municipio para prestar servicio en la Secretaría de Acción y Desarrollo Social, la repartición que él condujo hasta la intervención. “El contrato que firmó era por un año y establecía que mensualmente debía cobrar $150.000 y cada cuatro meses debía ser reactualizado”, indicó Sassi que recalcó que en el allanamiento realizado el miércoles se le secuestró una Amarok V6 que le había comprado a una mujer de Yerba Buena y que aún no había sido transferida. Sus defensores, Tomás y Nicolás Arce, rechazaron la acusación por falta de pruebas.
Para probar el lavado de activos, los investigadores, deben analizar los ingresos de los acusados y luego comparar si son acorde con su patrimonio, los gastos que efectúan y los posibles viajes que realizaron al exterior. Si se supera el monto de 750 salarios mínimos, se configura el delito.
En la audiencia del viernes, Sassi informó que los ingresos declarados por los investigados oscilan entre los $700.000 y los $1,2 millones. También aclaró que algunos tienen vehículos y que, según el informe del Registro Inmobiliario, ninguno tiene propiedades a su nombre. Claro que aún queda por analizar los datos históricos, es decir, las posibles transferencias que hayan realizado de esos bienes a terceros. Pero también puede ocurrir, como el caso de Barrionuevo, que adquirió una camioneta de alta gama y no la inscribió a su nombre. El concejal Albano Loru dijo que se moviliza en una moto porque tuvo que devolver la Toyota Hilux que había comprado por no tener ingresos suficientes para pagar las cuotas. “¿En serio me dice que esta gente no tenía nada a su nombre? Aquí hay un gato encerrado. Si todo el mundo sabe que de la noche a la mañana empezaron a lucir las mejores ropas, viajar y tener vehículos de alta gama”, finalizó Helena Ramírez.
Con información de Gustavo Rodríguez, de La Gaceta
