Masiva acción de amparo contra el organismo. Denuncian que el tributo sería inconstitucional y exigen su eliminación. Tucumán es la única provincia que lo aplica
Cuando desde el Gobierno Nacional están abogando por la reducción o eliminación de tasas e impuestos para ayudar al crecimiento económico, el Gobierno de Tucumán parecen hacer “oídos sordos”. Un grupo de comerciantes de Tucumán ha decidido dar un paso firme contra lo que consideran un impuesto “totalmente ilegal e inconstitucional”. Se trata del tributo que el Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA), a cargo del peronista Dante Loza, cobra a locales que venden bebidas alcohólicas y a salones de fiesta que solo las expenden, sin comercializarlas. Argumentan que esta carga fiscal es arbitraria, solo existe en Tucumán y no cumple con su supuesto fin: la prevención y el control del alcoholismo.
Un organismo que lleva más de 25 años intervenido
“El IPLA fue creado con la finalidad de combatir el abuso del alcohol, pero hace más de 25 años se encuentra intervenido ilegalmente, cuando la propia Ley de su creación establece que una intervención no puede superar los tres meses. Esta irregularidad anularía todas sus actuaciones, incluidas las sanciones y cobros realizados durante décadas”, comenta la abogada Constanza Bauque (@mcbauque)
A esto se suma otra grave denuncia: “El organismo no rinde cuentas sobre los millones que recauda en concepto de tributos mensuales y multas aplicadas a comerciantes. No hay registros públicos claros sobre el destino del dinero, lo que genera sospechas de discrecionalidad y falta de transparencia”, expresa Bauque.
Multas millonarias y comercios asfixiados
Los comerciantes afectados afirman que están siendo asfixiados económicamente, no solo por el pago mensual de este impuesto, sino también por las multas millonarias que el IPLA impone sin control ni justificación clara. “La situación es especialmente grave para los salones de fiesta, que ni siquiera venden alcohol, sino que solo lo sirven cuando los clientes lo llevan, y aun así deben abonar sumas desproporcionadas” afirman.
Este tributo, denuncian, se traslada directamente al consumidor final, encareciendo los eventos y las bebidas en los comercios.
Acción legal en marcha
La presión tributaria de la provincia, más de aquellos que no tienen justificativo -solo el afán de recaudar sin fines específicos- llevó a comerciantes, cansados de esta situación, a tomar la decisión -mediante asesoramiento legal- de dejar de pagar el impuesto (IPLA) e iniciar una acción de amparo contra el organismo. La presentación judicial está a cargo de la abogada María Constanza Bauque, quien está convocando a todos los afectados a sumarse a esta medida.
En octubre del año pasado, el legislador provincial José Macome (LLA), presentó un Proyecto de Ley para la disolución del IPLA, un organismo que, según expresa, “ha demostrado ser ineficaz en la lucha contra el alcoholismo”. Argumentó que, desde su creación en 1994, “el IPLA ha sido más un ente recaudador que un verdadero instrumento para reducir el consumo de alcohol”. Además, señaló que su estructura burocrática ha crecido de manera desmesurada, con un plantel de 164 empleados que consume el 90% de su presupuesto, sin que haya resultados visibles en la lucha contra el alcoholismo.
“El IPLA solo sirve para mantener su estructura de empleados. Es evidente que es necesario replantearse la existencia de un organismo claramente ineficiente, como lo está haciendo el Estado Nacional con organismos que solo tienen por finalidad recaudar, perseguir y asfixiar al contribuyente”, afirmó Macome.
Por su parte, José Chavarría que preside la Cámara de Salones de Fiestas y miembro del Movimiento Nacional PYME, dijo: “Con la doctora Bauque estamos trabajando para que eliminen un impuesto distorsivo que cobra el IPLA. Esta institución no representa para lo que fue creada, que es la lucha contra el alcoholismo, sino que es un organismo recaudador para el Ejecutivo (de Tucumán). Por ese motivo, yo como salón (de fiestas privadas) si no pago el impuesto me clausuran, pero si lo pago sí puedo expender alcohol que yo quiera, entonces ¿Dónde está la lucha contra el alcoholismo?”.
Además comentó: “La idea es hacer que esta institución desaparezca, porque no tiene razón de ser. Simplemente tiene la finalidad de recaudar, es un impuesto distorsivo y un impuesto en cascada, porque lo paga el mayorista, lo paga el minorista y lo paga el consumidor final, este último cuando se sienta en un bar, cuando va a una fiesta, todos estos impuestos se recargan sobre el consumidor final”. “El gobernador (Osvaldo) Jaldo, lejos de bajar o eliminar impuestos, está haciendo lo contrario”.
Chavarría invita a los comerciantes a unirse en la causa para dejar de pagar lo que para él, y los comerciantes, es un impuesto distorsivo. “Nosotros hicimos un recurso de amparo en el cual estamos exentos de pagar este impuesto. Sería bueno que aquellos que les interese puedan entrar en este recurso de amparo, para ello pueden ponerse en contacto con la doctora Bauque”.
Si bien el IPLA como entidad no es inconstitucional, su actual intervención, la falta de control sobre sus fondos y la manera en que aplica tributos y sanciones sí podrían ser inconstitucionales.
El amparo que están presentando los comerciantes podría abrir la puerta a una revisión judicial sobre la legalidad de estas medidas, e incluso a la declaración de nulidad de las sanciones e impuestos cobrados de manera irregular.
La batalla legal recién comienza, pero la polémica ya está instalada. La gran pregunta ahora es: ¿podrá el IPLA seguir sosteniendo este tributo sin rendir cuentas, o la Justicia pondrá fin a esta situación?
