Ante la baja de la recaudación y el acotamiento del traspaso discrecional de recursos desde Nación, el Gobierno provincial debe “medir” el gasto político e intentar bajar costos de la Legislatura más cara del país, por ejemplo
Por SIN CODIGO
Ya nada es como antes. El déficit fiscal es cosa del pasado. Hacer política con dinero público ya no va. Cuidar “cada peso” del Estado es una prioridad. Si no la ven, las administraciones provinciales tendrán un serio problema de liquidez.
La economía tucumana atraviesa una zona de riesgo que el Gobierno provincial ya no puede disimular con relato. Si el gasto público -innecesario- no se reduce en el corto plazo, la provincia ingresará en déficit, con consecuencias políticas, sociales y electorales inevitables.
Durante años se sostuvo un modelo basado en un Estado sobredimensionado, utilizado como herramienta de construcción política, clientelismo y reparto discrecional de recursos. Hoy ese modelo muestra signos claros de agotamiento.
Un Estado que gasta más de lo que puede
La recaudación provincial cayó. Los fondos discrecionales que llegaban desde la Nación ya no fluyen como antes. Y la coparticipación federal, según reconoce el propio ministro de Economía, es insuficiente para sostener el nivel actual de gasto.
Sin embargo, el problema no es sólo la coparticipación. El problema es cómo se gasta.
Tucumán sostiene:
• Una Legislatura señalada como la más cara del país.
• Concejos deliberantes con costos difíciles de justificar frente a la crisis.
• Organismos como la Defensoría del Pueblo, con escaso impacto real y alto costo político y presupuestario.
Estructuras que no garantizan mejores servicios, pero sí mayor gasto.
Salud gratuita sin control y sin recupero
La salud pública es un derecho, pero también requiere gestión responsable. En Tucumán, el sistema es gratuito para todos —incluidos extranjeros— sin un esquema eficiente de recupero de costos, lo que genera un drenaje constante de recursos.
El resultado es un sistema saturado, profesionales mal pagos y hospitales con insumos, en ocasiones, insuficientes, mientras el gasto sigue creciendo sin control.
Subsidios discrecionales y cajas políticas
Ministerios como Desarrollo Social o Gobierno distribuyen fondos a:
• asociaciones poco conocidas,
• comedores sin auditorías claras,
• fundaciones,
• entidades deportivas,
• organizaciones intermedias de dudosa existencia o impacto.
A esto se suman pautas oficiales a medios prácticamente inexistentes, que funcionan más como herramientas políticas que como verdaderos espacios periodísticos.
Todo esto se paga con fondos públicos, en un contexto donde ya no alcanza.
El fin de una forma de hacer política
Durante décadas, hacer política en Tucumán significó:
• ingresar gente a la Administración Pública,
• crear organismos innecesarios,
• multiplicar cargos,
• sostener militancia con recursos del Estado.
Ese tiempo se terminó.
Hoy, el Estado presente ya no funciona como concepto electoral ni como modelo económico.
El Estado debe estar, sí, pero de manera justa y eficiente, garantizando:
• salud, para LOS TUCUMANOS, educación, seguridad, y no financiando clientelismo barato ni estructuras políticas improductivas.
Ajustar la política o pagar el costo
Si el Gobierno provincial no modifica de inmediato su forma de administrar y de hacer política, los próximos meses serán catastróficos para las finanzas públicas. Y si no hay correcciones profundas, la economía será una sentencia en contra en las elecciones de 2027.
No habrá campaña, relato ni aparato que tape sueldos paupérrimos, servicios deteriorados y un Estado al borde de la quiebra. .
El mensaje es claro: o se ajustan los gastos de la política, o la realidad ajustará al poder.
