Es por la causa Nación Seguros, donde se investigan estafas millonarias
El Juez Julián Ercolini ordenó la inhibición de los bienes de Alberto Fernández por la causa Nación Seguros. También pidieron levantar el secreto fiscal del ex presidente y del resto de las personas que están involucradas en esta investigación. Por su parte, se va a pesquisar sus patrimonios. Se habla de cifras multimillonarias.
El pedido lo hizo Carlos Rívolo, titular de la Fiscalía Federal N° 6, como parte de un paquete de medidas cautelares. Este martes, el Juzgado Criminal y Correccional federal 11 avaló las actuaciones y autorizó la “inhibición general de bienes respecto de las personas físicas y jurídicas” que estarían detrás del escándalo de los “brokers” denunciado por la actual gestión.
La denuncia surge de una auditoría realizada por el gobierno de Javier Milei, que detectó irregularidades en el organismo público vinculadas a las intermediaciones en los seguros de la ANSES y otros organismos durante la presidencia de Alberto Fernández.
“Se investiga la posible existencia de una organización delictiva que habría operado en la contratación de seguros por parte de diversos entes estatales, en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre la aseguradora Nación Seguros S.A., como así también a la inclusión de empresas co-aseguradoras”, dice el documento.
Según la acusación, el Gobierno anterior “les abonaban comisiones que serían superiores a las de mercado”, y que “habrían sido designados por las respectivas reparticiones públicas mediante un irregular e inexistente proceso de selección”.
El viernes pasado se llevaron a cabo una serie de allanamientos. Hubo 24 nuevos procedimientos en empresas y personas que están vinculadas a la causa en la que se encuentra imputado el exmandatario y un exdirectivo del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS), Federico D’Angelo Campos.
En total, fueron más de 20 allanamientos vinculados a las contrataciones de seguros de la ANSES. La Policía Federal registró domicilios y oficinas de los dueños de las empresas Bachellier, San Ignacio y TG Broker, y San Germano.
También del broker Héctor Martínez Sosa, quien está casado con la secretaria del entonces presidente Fernández, María Cantero. Allí fueron en búsqueda de contrataciones de seguros o convenios con el estado nacional y tenían la orden de secuestrar notebooks, computadoras y tablets.
