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Son 2.751.653 kilos guardados en Villa Martelli, y otros 2.269.078 kilos guardados en Tucumán, de alimentos listos para su entrega

El Juez Federal, Walter Lara Correa, inició hoy un proceso colectivo contra el Gobierno Nacional de Javier Milei, por la falta de entrega de alimentos a comedores y merenderos en todo el país. Con su decisión, el magistrado abrió un período para convocar a personas, asociaciones u organizaciones “que pudieran tener un interés en el resultado del litigio” y le pidió al Poder Ejecutivo que informe sobre la ejecución de los programas de alimentos.

Así lo resolvió el magistrado en un fallo que dictó este lunes, y que corre en paralelo a la causa penal que tramita el Juez Federal, Sebastián Casanello, en la que hoy le ordenó al Gobierno que en 72 horas elabore un plan para entregar las cinco toneladas de comida que almacena en dos galpones y que lo ejecute “de modo inmediato”, lo que será apelado.

Se trata de dos expedientes que inició el dirigente social Juan Grabois. La causa en el fuero contencioso la presentaron la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), de Grabois, y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) con un amparo colectivo contra el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Petovello. El pedido es que se le ordene al gobierno que garantice “el derecho a la alimentación adecuada y a la seguridad alimentaria y nutricional de todas las personas que asisten a comedores y merenderos comunitarios” ya que desde que asumió limitó la entrega de mercadería.

El Ministerio anunció que apelará el fallo. A través de un comunicado, la cartera señaló que el 60% de las cinco mil toneladas son “paquetes de yerba mate pertenecientes a una contratación irregular que realizó la gestión anterior y se encuentra bajo una auditoría”. Esta yerba no solo se adquirió a través de procesos poco transparentes, sino que se trata de un producto de mala calidad”, dijeron.

“El pedido del Juez es un avance ilegítimo de la Justicia sobre la democracia, que viola la división de poderes. No se van a entregar alimentos a comedores inexistentes para que queden en manos de las organizaciones extorsivas. El Ministerio de Capital Humano apelará la resolución porque no es una cuestión judicial, sino que es una cuestión de Política Pública. Estos alimentos tienen como fin asistir en emergencias y catástrofes”, completó el gobierno.

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