La “GRAN IDEA” lleva la firma de legisladores del PJ
Síntesis de la magistral idea peronista: Como las rutas tucumanas están destruidas -de casi toda la vida- y la provincia, a través de la DPV nunca invirtió, la “idea” de los representantes del pueblo es “sacarle” plata a los ciudadanos para arreglar los caminos. Quieren cobrar por un servicio que no existe. Se supone que para pagar hay que poder disfrutar de un servicio primero. Lo más inteligente de la propuesta es que el control del dinero recaudado estará dado por el mismo Estado, que rendirán cuenta una vez al año las obras que se hicieron.
Un grupo de legisladores, del Bloque Justicialista, elevó un Proyecto de Ley que propone la el cobro de peajes en rutas administradas por la Dirección Provincial de Vialidad (DPV).
Si bien el objetivo de la iniciativa es financiar el mantenimiento de las carreteras tucumanas, en su articulado se “deja expresamente aclarado que no podrán ser privatizadas”. “El cobro de este peaje será exclusivamente por administración (de la DPV)”, dice el proyecto.
El texto es impulsado por el legislador oficialista Tulio Caponio, presidente de la comisión de Obras Públicas y Servicios de la Cámara provincial, y lleva las firmas de referentes peronistas del interior, como Carlos Gallia (Lules), Sandra Figueroa (Alberdi), Leopoldo Rodríguez (h) (La Cocha) y Roberto Moreno (Trancas).
Se busca autorizar a la DPV a cobrar peajes en rutas provinciales. La suma recaudada estará destinada “al mantenimiento, construcción modificación y/o mejoramiento de todo trazado que integre la red caminera provincial”, señala el proyecto. Aclara que el valor será determinado por la DPV, teniendo en cuenta el tipo, categoría y cantidad de ejes de los vehículos, así como de la banda horaria y del peso de la carga transportada.
Y eso no es todo, hay más
El texto marca que el importe recaudado “no integrará la base imponible del impuesto sobre los Ingresos Brutos”, y exime de abonar a los vehículos de emergencias (como ambulancias, policías y bomberos) y a vehículos oficiales del ámbito nacional, provincial y municipal “en cumplimiento de sus funciones”.
En otro apartado, se establece que el Tribunal de Cuentas efectuará controles sobre este sistema de peajes, y que la DPV deberá presentar un informe anual a la Legislatura sobre lo recaudado y lo invertido, entre otros datos. En los fundamentos, los legisladores advirtieron sobre “el deterioro creciente en la infraestructura vial” y señalaron que un sistema de peajes “se justifica como mecanismo de equidad contributiva, donde quienes hacen uso intensivo de la red vial aporten directamente a su conservación”.
Increíble.
