El conflicto judicial paraliza la renovación de autoridades en la Universidad Nacional de Tucumán
Por la Redacción de SIN CODIGO
La Universidad Nacional de Tucumán (UNT) atraviesa uno de los momentos institucionales más delicados de los últimos años. Lo que debía ser un proceso democrático para renovar sus máximas autoridades terminó convirtiéndose en un complejo entramado de recursos judiciales, denuncias y resoluciones que mantienen paralizada la elección de rector y vicerrector.
El último capítulo de este conflicto dejó un dato político y judicial de relevancia. La Fiscalía descartó la existencia de un delito en la actuación de la Junta Electoral de la UNT en una causa impulsada por el sector encabezado por el decano Sergio Cabrera y José Hugo Saab Abdala. Ese dictamen representa un revés para quienes buscaban que la investigación avanzara por la vía penal, aunque no pone fin a las controversias que aún se dirimen en el ámbito judicial.
Mientras tanto, la consecuencia más visible la padecen los más de 70.000 estudiantes, docentes, no docentes y graduados que integran la comunidad universitaria. La principal casa de estudios del Norte argentino continúa sin poder completar el proceso electoral para definir quién conducirá la institución durante los próximos años.
La incertidumbre institucional genera preocupación porque la Universidad necesita estabilidad para planificar su futuro académico, científico y de extensión. La demora en la definición de las autoridades no solo afecta el funcionamiento político de la UNT, sino que también proyecta una imagen de permanente conflicto interno que termina debilitando a una institución con más de un siglo de historia.
La disputa, que comenzó como una controversia electoral, fue escalando hasta trasladarse a los tribunales. Cada resolución judicial abre una nueva etapa de apelaciones, impugnaciones y planteos que prolongan un escenario de incertidumbre del que, por ahora, nadie puede anticipar cuándo llegará el desenlace definitivo.
Más allá de quién resulte finalmente electo, la situación deja una reflexión de fondo. La Universidad Pública necesita que sus diferencias políticas se resuelvan dentro del marco institucional y democrático previsto por sus propios estatutos. Cuando las decisiones quedan supeditadas durante meses a los tribunales, la vida institucional se resiente y toda la comunidad universitaria termina siendo rehén de una disputa que parece no tener fin.
La UNT ha sido históricamente una de las instituciones académicas más prestigiosas del país y un orgullo para Tucumán. Precisamente por esa relevancia, resulta indispensable que el conflicto encuentre una salida definitiva que permita recuperar la normalidad institucional, garantizar la legitimidad de las futuras autoridades y devolverle a la universidad el protagonismo que debe tener en la formación, la investigación y el desarrollo de la región.
