La presentación fue realizada por las mujeres imputadas en la causa por amenazas iniciada tras el incidente ocurrido en abril pasado frente a una Iglesia de la ciudad del sur de la provincia. La presentación también alcanza a la madre de la Jefa Municipal, la legisladora María Alejandra Cejas
La intendente de Graneros, Raquel Graneros, vuelve a quedar en el centro de la escena judicial. Mientras continúa la polémica por la adquisición de una vivienda en un Country valuada en más de un millón de dólares, la funcionaria peronista ahora enfrenta una nueva denuncia penal en la que se solicita que sea investigada por el presunto delito de falso testimonio agravado.
La presentación fue promovida por un grupo de mujeres imputadas en la causa por amenazas iniciada tras los incidentes registrados el pasado 28 de abril a la salida de una misa en la ciudad de Graneros. En el mismo escrito, también fue denunciada la madre de la intendente, la legisladora provincial María Alejandra Cejas (PJ), quien, además, figura como supuesta víctima en aquel expediente, según cuenta Tendencia de Noticias.
Según la denuncia, ambas funcionarias habrían realizado declaraciones “falsas” bajo juramento durante la investigación penal en la que las denunciantes fueron imputadas por amenazas simples. Las denunciantes sostienen que las manifestaciones efectuadas por Graneros y Cejas resultan incompatibles con las imágenes registradas por las cámaras del Centro de Monitoreo de la ciudad.
En el escrito, patrocinado por las abogadas Tania Pamela Visintini y Karen Sánchez, las vecinas afirman que tanto la intendente como la legisladora declararon que permanecieron alrededor de diez minutos dentro de una camioneta rodeadas por manifestantes hasta la llegada de la Policía. Sin embargo, aseguran que los registros de video incorporados a la causa muestran que el vehículo permaneció en el lugar menos de treinta segundos antes de retirarse, circunstancia que, según plantean, desmiente de manera objetiva esa versión.
La presentación sostiene que esa diferencia temporal constituye una “contradicción flagrante” entre las declaraciones prestadas bajo juramento y la prueba videográfica incorporada al expediente, por lo que solicita investigar la eventual configuración del delito previsto en el Artículo 275 del Código Penal, que sanciona el falso testimonio. Además, argumenta que la conducta reviste mayor gravedad por tratarse de funcionarias públicas y por haberse producido en el marco de una causa penal.
Como elemento central de la denuncia, las autoras del planteo solicitaron que la Fiscalía realice una compulsa integral de las imágenes del Centro de Monitoreo y las confronte con las declaraciones testimoniales y el escrito de constitución como querellantes que oportunamente presentaron por Graneros y Cejas. También, pidieron la extracción de copias del expediente principal y la apertura de un legajo independiente para investigar el presunto falso testimonio.
La causa quedó radicada en el Ministerio Público Fiscal y será analizada por el Fiscal General del Centro Judicial Concepción, Diego Sebastián Hevia, quien deberá resolver si corresponde impulsar una investigación penal sobre los hechos denunciados.
El nuevo expediente agrega un capítulo más a la compleja situación judicial y política que atraviesa la intendente de Graneros. En las últimas semanas, Graneros quedó envuelta en una fuerte controversia luego de conocerse la compra de una residencia en un Country, cuyo valor de mercado superaría el millón de dólares, situación que generó cuestionamientos desde distintos sectores políticos y una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito en la Justicia.
De prosperar la denuncia presentada este martes, la Justicia deberá determinar si existen elementos suficientes para establecer que las declaraciones brindadas por la intendenta y la legisladora ante el Ministerio Público Fiscal se ajustaron a la verdad o si, como sostienen las denunciantes, incurrieron en el delito de falso testimonio.
