Debería aplicarse en todas las provincias argentinas
El 17 de febrero, la Lotería de San Luis realizará el primer sorteo -con la presencia de un escribano- para determinar qué 100 funcionarios de los tres poderes del Estado provincial deberán someterse a un narcotest obligatorio. La medida, establecida por Ley, busca detectar el consumo de cocaína, marihuana, anfetaminas y otras sustancias, con sanciones severas para quienes den positivo o se nieguen a realizar el estudio. La prueba piloto se había realizado en noviembre de 2024.
El control afectará a 1.500 funcionarios, entre ellos jueces, legisladores, ministros y directores de organismos descentralizados. El análisis deberá ser costeado por cada persona sorteada y, en el caso del Poder Ejecutivo, un resultado positivo implicará la remoción inmediata del cargo mediante decreto.
El mecanismo fue detallado por Ricardo Bazla, secretario de Ética Pública y Control de Gestión de la provincia. “Todos los funcionarios están identificados con un número, que será entregado a la Caja Social y Financiera de San Luis, responsable de la Lotería”, explicó.
Los seleccionados serán notificados por correo electrónico o WhatsApp y tendrán 24 horas para presentarse en la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional de San Luis, institución encargada de realizar los análisis.
“Quien se oponga o no asista a la segunda notificación, en el caso del Ejecutivo, cesa en sus funciones. En el Judicial y Legislativo, queda sujeto a jurado de enjuiciamiento o juicio político, respectivamente”, detalló Bazla.
Inicialmente, el proyecto no logró los votos necesarios en la Legislatura. Sin embargo, el gobernador Claudio Poggi firmó un decreto de aplicación voluntaria para él, su vicegobernador y los ministros del Gabinete, lo que generó un fuerte impacto mediático. Días después, la Cámara de Diputados aprobó la medida y, el 12 de noviembre, el Senado provincial la convirtió en Ley por unanimidad.
Los exámenes buscarán la presencia de cocaína, marihuana, anfetaminas, opiáceos (morfina, heroína, metadona), barbitúricos, benzodiacepinas, antidepresivos tricíclicos, éxtasis y fenciclidina, entre otras sustancias.
El costo del estudio será cubierto por cada funcionario sorteado. En diciembre, la estimación oficial fijaba el precio en $40.000, aunque el monto definitivo será confirmado antes del primer control.
Además, los seleccionados deberán declarar previamente si consumen algún medicamento que pueda influir en los resultados. “Si aparece un consumo excesivo de clonazepam, se pedirá la prescripción médica“, explicó Bazla.
El sorteo se realizará mensualmente. En cada edición, los funcionarios ya evaluados serán excluidos del próximo sorteo. La normativa alcanza a altos cargos de los tres poderes. En el Ejecutivo, incluye al gobernador, vicegobernador, ministros, secretarios de Estado, directores y subdirectores. En el Legislativo, el test será obligatorio para senadores, diputados provinciales y miembros de las mesas directivas de ambas cámaras. Mientras que, en el Poder Judicial, la medida afectará a jueces del Superior Tribunal, camaristas, jueces de primera instancia, fiscales y defensores oficiales.
Desde el oficialismo, defienden la medida como una herramienta para garantizar la transparencia en la administración pública. “El objetivo es demostrar a la ciudadanía que los funcionarios están libres de drogas ilícitas“, afirmó un vocero del gobierno provincial.
Para realizarse en Tucumán, primero tiene que haber una decisión del gobernador Osvaldo Jaldo, Luego, debería mandar un Proyecto de Ley a la Legislatura para su tratamiento y aprobación.
