Las operaciones se concentran en Banda del Río Salí, Famaillá, Monteros y Lules. Además de tres municipios de Catamarca y uno de Salta
Los bancos alertaron a la Unidad Inteligencia Financiera (UIF) sobre extracciones sospechosas desde las cuentas de un grupo de municipios. El organismo antilavado sistematizó los datos, detectó un patrón común, y advirtió a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). La Fiscalía, luego de profundizar la investigación, activó una denuncia penal ante la Cámara Nacional Electoral.
Esa fue la ruta que siguió la información, ahora judicializada en los distintos distritos, que revela un presunto desfalco de casi 40.000 millones de pesos en ocho municipios de Tucumán, Catamarca y Salta durante las elecciones de 2023.
En la denuncia penal que el Fiscal de la PROCELAC, Diego Velazco, realizó ante la Cámara Nacional Electoral se precisan los montos que los ocho municipios extrajeron de sus arcas, además de los nombres de las autoridades que aprobaron los retiros y los detalles de las operatorias en cada uno de los casos.
“Significativos fondos públicos fueron extraídos en efectivo, sin justificación, de cuentas bancarias de diversas municipalidades de las provincias de Catamarca, Tucumán y Salta, pudiendo haber sido destinados –al menos en parte– a campañas de las últimas elecciones nacionales y provinciales″, dice la denuncia.
Municipios de Banda del Río Salí, Famaillá, Monteros y Lules
Al caso de La Banda del Río Salí, que se dio a conocer hace una semana, en donde se sustrajeron de las arcas públicas más de 17.000 millones de pesos entre enero de 2023 y junio de 2024, sin motivo aparente, se suman otros tres municipios de la provincia de Tucumán: Famaillá ($11.449.650.000 en el mismo período), Monteros ($3.923.287.500 entre marzo y octubre de 2023) y San Isidro de Lules ($4.217.726.577 también entre marzo y octubre de 2023).
Todos son gobernados por peronistas y, en total, la suma representa más del 93% del monto denunciado por la PROCELAC ($36.847.249.592 de los $39.485.000.000 investigados).
La presentación abarca a otras intendencias que, en comparación con las de Tucumán, presentan montos significativamente menores y distribuidos en períodos de tiempo más extensos.
Los “Mellizos” Orellana y Famaillá
Detrás de Banda del Río Salí, que encabeza la lista de extracciones, aparece el Municipio de Famaillá, con retiros por más de 11.000 millones de pesos. El distrito es gobernado desde 1991 por los “Mellizos Orellana”, José y Enrique, el actual Jefe Comunal. La alternancia que tejieron los hermanos Orellana solo se vio interrumpida entre 2015 y 2019, cuando Patricia Lizárraga, ex pareja de José Orellana, asumió la intendencia.
Entre enero de 2023 y junio de 2024, a través de la operatoria “cheques por ventanilla” de las cuentas que la Municipalidad tiene radicadas en el Banco Macro, se extrajeron $11.449.650.000 sin ninguna justificación que convenciera a las autoridades de la entidad bancaria, que alertaron a la UIF.
Ese monto representa el 45% de los fondos acreditados en la cuenta de la municipalidad, según la denuncia. “No se aportó documentación que permitiera justificar esas transacciones”, señala el escrito, que identifica los dos períodos previos a las elecciones provinciales y nacionales como los de mayor flujo de fondos extraídos.
La denuncia de la PROCELAC ante la Cámara Nacional Electoral incluye una declaración de José Orellana, realizada ante La Nación, en junio de 2023, de cara a los comicios provinciales. “Una campaña a legislador puede costar 200 millones de pesos. Pero no me quejo, nosotros tenemos lo nuestro: la intendencia, la banca en la Legislatura y a la senadora nacional”, describió Orellana, en alusión a su pareja, Sandra Mendoza, que integra la bancada de Unión por la Patria.
Según señala la UIF en el informe que giró a la Procuraduría Antilavado, los sucesivos retiros durante los 18 meses investigados –todos superiores a los 50.000 pesos– fueron siempre habilitados por los “firmantes” de la cuenta bancaria. Además de los hermanos Orellana, entre ellos se encuentra la tesorera del municipio, Lorena Orellana, y el representante legal del municipio, Enrique Pedro Pablo Orellana.
Los hermanos Orellana enfrentan distintos procesos en la Justicia. Juan Enrique fue procesado en 2019 junto a grupo de más de 40 intendentes por administración fraudulenta en un caso en el que se investigan irregularidades en el manejo de los programas municipales de gestión. Por su parte, José Orellana tiene una condena por abuso sexual que fue confirmada por la Cámara Nacional de Casación en agosto del año pasado.
Los Serra, padre e hijo, y Monteros
Similar es la situación de Monteros, donde, en apenas nueve meses, entre marzo y octubre de 2023, se extrajeron más de 3.900 millones de pesos a través de 172 operaciones realizadas en las dos cuentas que el municipio tiene en el Banco Macro. Los involucrados aquí son el ex intendente Francisco Serra y su hijo, que fue secretario de gobierno, porta el mismo nombre y es el actual Jefe Comunal, Francisco Serra Hijo.
“Los topes máximos de retiros en efectivo fueron el 8/06/2023 (a pocos días de las elecciones provinciales de la provincia de Tucumán del 11/06/2023), 11/08/2023 (a pocos días de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, celebradas el 13/08/2023), 13/09/2023, 9/10/2023, 15/10/2023 y 18/10/2023 (estas cuatro últimas, a pocos días de las elecciones generales – Presidenciales celebradas el 22/10/2023)”, dice la denuncia, que concluye: “Todo lo cual permitió esbozar la hipótesis de que los retiros de dinero se corresponderían con maniobras de desvío de fondos públicos que serían destinados, al menos en parte, al financiamiento de actividades de proselitismo electoral”.
Carlos Gallia y San Isidro de Lules
San Isidro de Lules completa el cuadro provincial. Al igual que en los otros tres municipios tucumanos, la UIF registró un mayor nivel de actividad en los días previos a los comicios provinciales y nacionales. En total, se realizaron 1.776 operaciones en efectivo de manera estructurada –lo que para la PROCELAC denota una planificación– por las cuales se retiraron un total de $4.217.726.577.
Carlos Sebastián Gallia ostenta el control político de Lules, que desde octubre de 2023 es gobernado por Marta Albarracín, su pareja.
Detalle extra a la denuncia de la PROCELAC: EL NEPOTISMO. Banda del Río Salí fue gobernada por Darío Monteros y lo sucede su hijo Gonzalo Monteros; Monteros, fue gobernada por Francisco Serra y lo reemplazó su hijo que lleva el mismo nombre; Famaillá, se suceden sistemáticamente José Orellana con su hermano Enrique.; y Lules que fue gobernada por Carlos Gallía y lo sucedió su pareja, Marta Albarracín.
Qué dijo Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán, sobre la denuncia de la PROCELAC
Ratificó la veracidad de los datos “oficiales” volcados en el informe, pero relativizó el peso del documento por ser solo “preliminar” y no contar con ninguna “imputación” o “delito”. Defendió a la provincia y negó un presunto “desfalco”, pero se desligó políticamente del caso.
“La verdad que en el año 2023 no goberné la provincia. Y no he visto ninguna otra foto, ni ningún otro apellido”, dijo, en directa alusión a Juan Manzur, que en febrero de 2023, tras su paso como Jefe de Gabinete, de Alberto Fernández, volvió a asumir como gobernador de Tucumán.
Jaldo, que era vice de Manzur, ocupó el Ejecutivo provincial entre septiembre de 2021 y febrero de 2023. “Yo no goberné ni en las elecciones provinciales ni en las elecciones nacionales, ustedes averigüen quien fue”, insistió.
“No imputa personas, no determina delito, no hay ningún tipo de acusación”, dijo sobre el informe de la UIF que, sin embargo, fue el insumo principal de la PROCELAC en su denuncia ante la Cámara por los delitos de peculado, asociación ilícita, lavado de activos, y la posible violación de la ley de financiamiento de los partidos políticos. En la presentación también se nombran a todas las autoridades de los municipios implicadas en las extracciones.
En las últimas elecciones nacionales, Tucumán, Salta y Catamarca jugaron en favor del candidato de Unión por la Patria, el exministro de Economía Sergio Massa, pero hoy, las tres provincias se muestran cercanas al gobierno de Javier Milei.
El caso se construyó a partir de la Ley 25.246, que obliga a bancos y entidades financieras a reportar ante la UIF cualquier operación que presente notas sospechosas. La UIF, bajo el mandato de su extitular Ignacio Yacobucci, ordenó la información y la giró a la fiscalía antilavado que dirige Velazco.
La investigación fue remitida por la Cámara Nacional Electoral a cada uno de los distritos.
Con información de Federico González del Solar, La Nación
