Reducir el gasto político probablemente ayude a mantener las finanzas equilibradas y proyectar obras de infraestructuras postergadas durante años. La viabilidad de la provincia no debería depender 100% de la Nación
Por SIN CODIGO
En Tucumán, la consigna parece haberse adoptado a medias. El “no hay plata” que bajó desde la Casa Rosada se convirtió en muletilla frecuente del oficialismo provincial, pero no en una guía de gestión. Porque mientras se repite el ajuste discursivo, en los hechos todo sigue igual.
Los mismos dirigentes que deciden en qué se gasta, en qué se ahorra y en qué se despilfarra, parecen haber aprendido solo la frase, no el contenido. Porque lejos de recortar el gasto político, transparentar la asistencia social o aliviar la presión impositiva, la estructura estatal tucumana sigue intacta. Gigante, costosa y cada vez más difícil de sostener.
El modelo no es nuevo. Es el mismo que se consolidó durante los años de expansión del gasto financiado con emisión: un Estado sobredimensionado, con fuerte intervención, que hace política a través del reparto. Solo que ahora hay un problema evidente: la plata no alcanza.
Y ahí aparece la contradicción. El gobernador Osvaldo Jaldo insiste con la idea del “Estado presente”. Pero en la práctica, muchas veces esa presencia llega tarde. Cuando las lluvias inundan barrios enteros, cuando los caminos colapsan o cuando las obras nunca se hicieron, el Estado aparece con colchones, chapas, bolsones de comida, subsidios y operativos sanitarios. Todo eso cuesta millones. Muchas veces, más que prevenir.
La lógica parece invertida: se gasta más en reparar que en evitar. Pero claro, la asistencia inmediata tiene una ventaja política que la obra estructural no siempre ofrece.
Mientras tanto, el “no hay plata” convive con privilegios difíciles de justificar. Una Legislatura con 49 miembros, con bajo nivel de actividad y un presupuesto millonario; estructuras como el IPLA, de dudosa eficacia; o una Defensoría del Pueblo con escasa visibilidad en resultados concretos, pero con cientos de empleados y un presupuesto que ronda cifras impactantes. Todo sostenido con recursos públicos.
En paralelo, el Ministerio de Desarrollo Social destina sumas importantes a asistencia que muchas veces se canaliza a través de organizaciones intermedias. Entre ellas, algunas con clara identificación política, lo que vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿por qué no avanzar hacia mecanismos directos, transparentes y sin intermediarios?
El argumento oficial, en Tucumán, es conocido y repetitivo: la Nación recortó fondos. Y el blanco principal es el Presidente Javier Milei, señalado como responsable de un ajuste “cruel”. Sin embargo, el planteo omite un dato central: la necesidad —postergada durante años— de revisar el gasto político propio.
Porque ajustar no necesariamente implica recortar sobre los sectores más vulnerables. También —y sobre todo— podría implicar revisar estructuras, privilegios y mecanismos de acumulación de poder.
Pero ahí está el corazón del problema. Reducir ese esquema implica resignar herramientas electorales: subsidios, estructuras territoriales, intermediación social, sistemas como los acoples. En otras palabras, implica cambiar la forma en que se construye poder en la provincia.
Y eso, hasta ahora, no parece estar en discusión. Así, Tucumán queda atrapada en una tensión conocida: un Estado que dice no tener recursos, pero que no está dispuesto a cambiar las reglas que lo volvieron ineficiente. Un sistema que denuncia la falta de fondos, pero evita discutir en serio cómo se usan.
Al final, la decisión no es solo de la política. También es de la sociedad.
Porque tarde o temprano habrá que elegir entre sostener un modelo basado en la dependencia y la urgencia permanente, o avanzar hacia uno que priorice la previsión, la transparencia y la autonomía.
Y esa elección —como siempre— no se declama. Se vota.
