La investigación por el crimen de Érika Antonella Álvarez avanza y, con cada nueva medida judicial, se amplía el número de personas que podrían haber tenido algún grado de participación en el hecho
Bajo la conducción del fiscal Pedro Gallo, la causa entra en una etapa decisiva, con nuevas detenciones, sospechosos bajo la lupa y posibles imputaciones que podrían cambiar el rumbo del expediente.
Hasta ahora, el único imputado formal es Felipe “El Militar” Sosa (51), detenido en el penal de Benjamín Paz y acusado de homicidio simple. De acuerdo con la acusación del fiscal Carlos Picón, Sosa habría asesinado a la joven a golpes, aprovechando sus conocimientos físicos adquiridos como ex integrante del Ejército y de la Legión Extranjera.
La defensa del acusado, representada por los abogados Marcelo Cosiansi y Rubén Flores, rechazó esa versión y sostuvo que Sosa se desempeñó como enfermero y participó únicamente en misiones de paz, negando cualquier formación orientada a la violencia.
La detención de la pareja y las sospechas de encubrimiento
En las últimas horas, la causa sumó un nuevo capítulo con la detención de Justina Gordillo (48), empleada judicial que cumple funciones en la Corte Suprema de Justicia y pareja de Sosa. La mujer fue arrestada el domingo en un country de Yerba Buena y quedó a disposición de la Justicia.
Según la investigación de la División Homicidios, a cargo de los comisarios Susana Montero, Diego Bernachi y Miguel Carabajal, Gordillo habría participado de un encuentro sexual grupal realizado en una vivienda de Santo Domingo al 1.100, donde también habrían estado la víctima, Sosa y al menos uno o dos hombres cuya identidad aún no fue determinada.
Por el momento, los investigadores consideran poco probable que Gordillo haya intervenido directamente en el homicidio. Sostienen que fue una de las primeras personas en retirarse del lugar y que su contextura física no coincide con la violencia del ataque que terminó con la vida de Érika. Sin embargo, no se descarta que haya tenido algún rol en el encubrimiento posterior.
A este cuadro se suma el testimonio de las hermanas de la víctima, quienes señalaron que Gordillo habría insultado a Érika a través de redes sociales. Su situación procesal será definida en una audiencia prevista para hoy, donde se conocerá el delito que se le imputará.
La mujer designó como defensores a los abogados Camilo Atim y María Florencia Abdala. Personas de su entorno afirmaron que atraviesa una fuerte crisis emocional y descartaron su participación directa en el crimen, aunque reconocieron que su relación con Sosa era conflictiva y que lo describían como una persona manipuladora y violenta.
Un tercer nombre bajo la lupa y más personas sin identificar
La investigación también apunta a un tercer sospechoso, cuya identidad se mantiene en reserva por razones legales. Se trataría de un hombre con un vínculo estrecho con Sosa, propietario del departamento que el imputado alquilaba. Según consta en el expediente, podría haber estado presente en la vivienda durante y después del crimen. La Policía solicitó su detención, pero la medida aún no fue convalidada por el Ministerio Público Fiscal. “Sabe más de lo que dice”, deslizó una fuente del caso.
Además, hay entre tres y cuatro personas más que todavía no fueron identificadas: una de ellas habría participado del encuentro sexual previo y otras dos estarían vinculadas al traslado del cuerpo de la víctima.
No se descarta que algunos de los sospechosos tengan relación con el Grupo Sosa, la empresa de seguridad de la que Felipe Sosa era socio gerente.
Mientras se profundizan las pericias y declaraciones, el fiscal Gallo evalúa nuevas imputaciones que podrían producir avances determinantes en los próximos días. La causa, lejos de cerrarse, suma nombres, hipótesis y un entramado cada vez más complejo que mantiene en vilo a la Justicia y a la sociedad.
