El caso encendió nuevamente las alarmas sobre la seguridad en operaciones presenciales y la necesidad de extremar controles tanto dentro de entidades financieras como entre los propios usuarios, especialmente al utilizar terminales de autoconsulta donde un simple descuido puede derivar en una estafa millonaria
Un insólito caso de fraude sacudió a San Miguel de Tucumán luego de que se conociera que un empleado de una sucursal de Tarjeta Naranja fue acusado de apropiarse de tarjetas de crédito que los clientes olvidaban tras realizar trámites y utilizarlas para efectuar compras personales y maniobras fraudulentas. La Justicia le otorgó una suspensión de juicio a prueba, aunque deberá cumplir una serie de condiciones impuestas por el tribunal.
Según la investigación de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II, el acusado trabajaba asistiendo a usuarios en las terminales de autoconsulta de la sucursal ubicada en calle Congreso al 32, en pleno microcentro tucumano. Aprovechando el descuido de dos clientas que olvidaron sus plásticos tras ser atendidas por él, el hombre se apoderó de las tarjetas y comenzó a utilizarlas sin autorización.
El primer hecho ocurrió el 12 de febrero de 2025. De acuerdo con la causa, tras quedarse con una tarjeta olvidada, realizó durante diez días unas 24 compras en distintos comercios. Además, efectuó operaciones simuladas a través de un sistema de cobro vinculado a un emprendimiento propio, identificado como “NARANJX DRINK MASTER”. El perjuicio económico superó los $2,1 millones.
La maniobra se repitió apenas un día después. La Fiscalía sostuvo que el empleado volvió a apropiarse de otra tarjeta olvidada por una clienta y realizó nuevas compras y movimientos fraudulentos, incluyendo operaciones electrónicas en beneficio propio. En este segundo episodio, el daño económico rondó los $465.000. En total, la estafa superó los $2,6 millones, monto que terminó siendo absorbido por la empresa financiera.
La causa fue encuadrada como defraudación mediante el uso de tarjeta de crédito hurtada en concurso real. Sin embargo, al no registrar antecedentes penales computables, el acusado recibió el beneficio de la probation por un año. Como parte del acuerdo judicial, deberá pagar $1.300.000 en concepto de reparación económica, realizar tareas comunitarias semanales y cumplir reglas de conducta bajo supervisión judicial.
