Por pedido de la Secretaría de Comunicación Pública, a cargo de Mariana Lucenti, se concedió un incremento de la partida presupuestaria -mediante el Decreto 1.458/3 (SH) con fecha 3 de junio de 2025– “para atender los gastos de pauta publicitaria hasta la finalización del presente ejercicio”
(OPINIÓN). En una provincia donde la pobreza supera el 40%, donde las escuelas tienen una infraestructura paupérrima, los hospitales están colapsados y faltos de recursos humanos, y miles de trabajadores estatales viven con sueldos por debajo de la línea de pobreza, el Gobierno de Osvaldo Jaldo decidió autorizar un incremento de $2.700 millones para gastar en ¡propaganda oficial! durante lo que queda de 2025.
El dato no es menor ni casual. El Decreto 1458/2025, firmado el 3 de junio y publicado recientemente en el Boletín Oficial, blanquea el monumental refuerzo presupuestario solicitado por la Secretaría de Comunicación Pública, que conduce Mariana Lucenti, justo en un año electoral. El 26 de octubre Tucumán vuelve a las urnas para renovar legisladores nacionales. ¿Casualidad? Difícil de creer.
La medida fue refrendada por el ministro de Economía, Daniel Abad, y el secretario de Hacienda, Adrián Dicker, y detalla que el dinero será incorporado a la Partida 300 – Servicios No Personales, más precisamente a la subpartida 361: Publicidad y propagandas varias, Serían como, propaganda política disfrazada de comunicación institucional.
Con este incremento, el Gobierno provincial dispondrá de un promedio de $450 millones por mes –unos $15 millones por día hábil– para inundar los medios con spots, entrevistas pagas, redes sociales artificialmente optimistas y mensajes que ensalzan la figura del gobernador, en medio de un contexto social cada vez más angustiante.
Pauta cara y opaca
No es la primera vez que la Secretaría de Comunicación Pública está en el ojo de la tormenta. En noviembre de 2024, una auditoría del Tribunal de Cuentas reveló que Canal 10, el canal estatal, le cobraba al Gobierno provincial hasta 600% más caro por segundo de publicidad que a los auspiciantes privados. Un mes después, otra auditoría mostró que el mismo Canal le cobraba el doble al Poder Ejecutivo que a la Legislatura.
La reacción oficial fue tibia: una resolución que exige a los medios –públicos y privados– presentar cuadros tarifarios y declaraciones juradas antes de ser contratados. Pero desde abril de 2025, en el sitio oficial del Tribunal de Cuentas no aparecen más acuerdos de control preventivo de gastos de pauta. Una desaparición tan oportuna como sospechosa.
Ajuste para unos, privilegios para otros
Mientras se pide “sacrificio” y “austeridad” desde el Gobierno Nacional -tanto a los gobiernos provinciales como a los ciudadanos-, Jaldo decide incrementar el gasto en publicidad oficial. En vez de mejorar la realidad, pareciera que elige maquillarla.
Un modelo de gestión que ¿prioriza la imagen sobre las soluciones?, ¿el relato sobre los hechos?
La pregunta es simple: ¿Por qué?
¿Por qué Tucumán, una de las provincias más pobres y postergadas del país, destina cifras millonarias al autobombo gubernamental? ¿A quién beneficia esa montaña de dinero? ¿Qué medios, productoras, agencias y operadores se enriquecen con estos fondos? ¿Por qué no hay controles públicos accesibles y transparentes?
El Decreto 1458/2025 no solo es una obscenidad en tiempos de crisis. Es una señal de que el poder provincial sigue priorizando su permanencia electoral por encima del bienestar de su gente. Y como siempre, lo pagamos todos.
Se ampliará…
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