Dos de esas provincias son feudos kirchneristas, y la otra lo era hasta diciembre pasado. ¿Y Tucumán?
Las irregularidades detectadas por la auditoría realizada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sobre el otorgamiento de pensiones no contributivas por invalidez expuso cómo el otorgamiento de este beneficio funcionó como una política social de asistencia, sin cumplir los criterios médicos exigidos por la normativa. El marcado aumento que se produjo en la cantidad de beneficiarios durante los gobiernos kirchneristas revela que hubo una decisión oficial de darle un beneficio a personas de bajos recursos, en muchos casos, en función de intereses o favores políticos.
Según los datos oficiales de la ANSES, a junio último, las pensiones por invalidez sumaban 1.213.293 en todo el país. La cifra representa el 3% del total de la población.
Este tipo de beneficios lo reciben personas que, debido a un grado de discapacidad acreditada, no pueden trabajar por invalidez. Su monto en julio fue $220.907 por mes. Esto implica una erogación para el Estado que supera los USD 3.600 millones anuales. La cifra a fin de año terminará siendo superior, ya que ese valor sufrirá ajustes en el segundo semestre.
Una auditoría ordenada por el actual Director Ejecutivo del organismo, Diego Spagnuolo, sobre una muestra piloto de 2.559 casos arrojó que sólo el 7% de las pensiones por invalidez laboral cumplían con los requisitos establecidos. Sin embargo, en base a situaciones irregulares en distintos expedientes y el trabajo en conjunto con la Justicia, “se presume que podría haber irregularidades en el 40% de las pensiones otorgadas”, según la ANDIS.
En la revisión que inició la Agencia en los primeros meses de 2024, detectó que “se otorgaron gran cantidad de pensiones por pobreza en un organismo que debe dar pensiones por invalidez laboral”. Entre las irregularidades encontradas, figuran médicos utilizando el mismo estudio médico para cientos de casos; médicos que dieron pensiones sin matrícula habilitante, o con matrícula inhabilitada; médicos a los cuales punteros políticos les habrían usado la matrícula para hacer certificados médicos y así entregar pensiones a personas que no cumplían con los requisitos normativos.
Para tener un número preciso de beneficios otorgados irregularmente, en agosto, la ANDIS iniciará una auditoría exhaustiva en todo el país. “La idea es que no se quite ningún beneficio que corresponda, y que se den de baja todos los que fueron mal otorgados”, señalaron fuentes de la Agencia.
El mayor aumento se dio en la presidencia de Cristina Kirchner. La mayor suba porcentual de un año a otro se registró en su primer mandato, cuando hubo un aumento del 41%: crecieron de 264.311 en 2008, a 372.715 en 2009. Al año siguiente, ya superaban el medio millón (35% más de suba en un año). Y para final de su gobierno, en diciembre de 2015, alcanzaban 1.058.835 pensiones.
Las provincias que lideran el ranking
La provincia de Buenos Aires concentra casi el 25% de los beneficiarios de todo el país. Sin embargo, este valor no puede compararse con el del resto de las provincias debido a las diferencias en la densidad poblacional.
Del cálculo de la tasa de pensiones por invalidez por cada 100.000 habitantes surge que Chaco lidera el ranking, con 8.686 beneficios de este tipo sobre esa base poblacional.
Las otras provincias con la mayor tasa de pensiones por invalidez en relación a su población son Santiago del Estero (7.840 por cada 100.000 habitantes), Formosa (6.670), Misiones (6.357) y Corrientes (5.899).
TUCUMÁN ocupa el noveno lugar de todo el país, con 3.914 por cada 100 mil habitantes.
