La Justicia investiga una presunta maniobra en la que tres personas habrían simulado solvencia para retirar vehículos y pagar con cheques que luego fueron rechazados. Una mujer quedó detenida con prisión preventiva y otro acusado fue capturado en Entre Ríos
Una operación que parecía una venta millonaria de vehículos terminó convertida en una investigación penal por una presunta estafa que habría provocado un perjuicio cercano a los $90 millones en una concesionaria de San Miguel de Tucumán.
Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, tres personas habrían diseñado una maniobra para aparentar solvencia económica, retirar los vehículos y cancelar las operaciones mediante cheques que finalmente fueron rechazados por falta de fondos.
El caso tiene como escenario una concesionaria ubicada sobre avenida Néstor Kirchner al 3900, donde los sospechosos habrían conseguido retirar tres vehículos: una Volkswagen Amarok Extreme 4×4, un Toyota Corolla y un Peugeot 208 Style.
El mecanismo que investiga la Fiscalía
La hipótesis de los investigadores sostiene que la maniobra habría sido planificada previamente.
Para concretar las operaciones se utilizaron cheques pertenecientes a INDI SRL, una sociedad vinculada a una de las imputadas. De acuerdo con la teoría del caso expuesta durante la audiencia, Ivana Vanesa Argañaraz, titular del 50% de las cuotas de la firma, habría aportado la estructura societaria y la chequera, además de firmar los valores.
La Fiscalía sostiene que su pareja, Jorge Omar Abraham, habría recibido los cheques, los habría firmado y endosado para posteriormente entregarlos en la concesionaria.
En tanto, José Benjamín Zavalía se habría presentado como comprador y habría retirado dos de los vehículos, utilizando los cheques como medio de pago.
El problema apareció cuando los valores fueron presentados al cobro: los cheques fueron rechazados por falta de fondos.
La Auxiliar de Fiscal Daniela Briz Tomás sostuvo durante la audiencia que se trataría de una maniobra planificada y destinada a aparentar una capacidad económica que los acusados no tendrían.
Un auto recuperado y dos que todavía no aparecen
La investigación ya tuvo resultados concretos. Zavalía fue detenido el 12 de septiembre en Gualeguaychú, Entre Ríos. Según se informó durante la audiencia, habría sido encontrado cuando presuntamente intentaba escapar hacia Uruguay. Durante el procedimiento fue recuperada la Volkswagen Amarok.
Sin embargo, la investigación todavía tiene un punto pendiente: dos de los vehículos entregados por la concesionaria aún no fueron localizados. La Fiscalía continúa trabajando para determinar dónde se encuentran y recuperar las unidades.
Una detenida y otro acusado continúa prófugo
El expediente tuvo un nuevo capítulo el miércoles 17 de septiembre, cuando Argañaraz, de 47 años, se presentó voluntariamente ante la Policía de Tucumán y quedó detenida.
La mujer fue imputada como coautora del delito de estafa, en concurso ideal con el delito de pago de cheque sin provisión de fondos.
En la audiencia, la Fiscalía pidió que permaneciera detenida durante 60 días mientras avanza la investigación.
La defensa había solicitado medidas menos gravosas y, subsidiariamente, arresto domiciliario. El Juez rechazó esos planteos y dispuso la prisión preventiva por 60 días.
Por otra parte, Abraham continúa prófugo. La Justicia también investiga la posible participación de otra persona, identificada como Ramiro Petros, oriundo de Santiago del Estero.
Una causa que todavía puede crecer
La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Estafas, Usurpaciones y Cibercriminalidad II, dirigida por Diego Hevia.
La Justicia había ordenado previamente la captura y detención nacional e internacional de los tres principales imputados.
Ahora, los investigadores buscan completar distintas medidas de prueba, localizar los dos vehículos que todavía no fueron recuperados y establecer si hubo otras personas involucradas.
Por el momento, la causa habla de un perjuicio inicial cercano a los $90 millones y de una presunta maniobra basada en una apariencia de solvencia económica que habría permitido retirar vehículos antes de que los cheques fueran rechazados.
La investigación continúa y serán las pruebas incorporadas al expediente y las decisiones de la Justicia las que determinen las responsabilidades penales de cada uno de los involucrados.