Janina Ortiz fue destituida tras ser condenada por corrupción junto a su pareja, el ex intendente Daniel Orozco. Después de reconocer los delitos en un juicio abreviado, reclama cobrar los 30 meses de sueldo que no percibió mientras estuvo suspendida
La política de Mendoza sumó este miércoles un capítulo inédito. Por primera vez desde el regreso de la democracia, la Legislatura provincial expulsó a una de sus integrantes, después de haber admitido quedarse con fondos del Estado.
La carrera política de Janina Ortiz terminó de la peor manera. Después de ocupar uno de los cargos de mayor poder en la Municipalidad de Las Heras y de llegar a la Cámara de Diputados de Mendoza, la dirigente quedó fuera de la función pública de manera definitiva.
Su caída comenzó con una investigación por el desvío millonario de fondos municipales, continuó con una condena judicial que también alcanzó a su pareja, el ex intendente Daniel Orozco, y terminó este miércoles con una votación que marcó un precedente en la historia política de la provincia.
Orozco y Ortiz llegaron a sus cargos con la alianza La Unión Mendocina, un bloque opositor en la Legislatura, que había congregado en 2023 a un sector disidente de la UCR con dirigentes del Partido Demócrata.
La Cámara de Diputados de Mendoza aprobó su destitución con 46 votos a favor y una ausencia. La decisión llegó dos semanas después de que Ortiz aceptara su responsabilidad penal en un Juicio Abreviado por el desvío de fondos públicos de la Municipalidad de Las Heras, uno de los departamentos más poblados del Gran Mendoza.
La ex legisladora reclama el pago de haberes
El caso tiene un ingrediente que profundizó la controversia. Pese a haber reconocido los delitos y recibido una condena, Ortiz mantiene un reclamo judicial para que el Estado provincial le pague alrededor de 30 meses de salarios legislativos, más intereses. Son los haberes que dejó de percibir desde marzo de 2024, cuando la Cámara decidió suspenderla sin goce de sueldo debido a las causas penales que enfrentaba.
La exdiputada de la alianza Unión Mendocina sostiene que aquella sanción fue inconstitucional porque se adoptó antes de que existiera una sentencia penal. El planteo está en manos de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, que deberá decidir si corresponde reconocerle esos pagos.
El caso de corrupción
Durante la gestión de Daniel Orozco como intendente de Las Heras, entre 2015 y 2023, su pareja ocupó el cargo de secretaria de Gobierno, una de las posiciones de mayor influencia dentro de la administración municipal.
La investigación judicial descubrió que, entre 2021 y 2023, desde el municipio se habían transferido más de 35,5 millones de pesos a la Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra Limitada. El dinero debía utilizarse para pagar servicios de limpieza y otras tareas municipales que, según determinó la investigación, no se realizaban como figuraba en la documentación.
Para justificar los pagos se utilizaron contrataciones, facturas y planillas que simulaban prestaciones. El mecanismo permitió que fondos destinados a servicios públicos terminaran desviados mediante una estructura cooperativa utilizada de manera fraudulenta.
La causa, conocida en Mendoza como el escándalo de las cooperativas fantasma, alcanzó a distintos integrantes de la administración municipal y expuso un sistema de irregularidades que se extendió durante varios años.
Cómo evitaron ir a prisión
Después de un largo proceso judicial, Orozco y Ortiz optaron por reconocer los hechos y aceptar un juicio abreviado. Este procedimiento permite que los acusados admitan su responsabilidad y acuerden una pena con la Fiscalía, que posteriormente debe ser aprobada por un juez.
El 20 de octubre, la jueza Marina Martín homologó el acuerdo y los condenó a tres años de prisión en suspenso y a la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
La pena implica que, aunque fueron declarados culpables, no deberán cumplirla en una cárcel mientras respeten las condiciones legales correspondientes. En cambio, quedaron impedidos de por vida de ocupar funciones públicas.
En el caso de Ortiz, la condena abarcó cuatro hechos de peculado que es cuando funcionarios se apropian o desvían bienes del Estado, uso de documento público falso y coacciones.