La mujer, de 43 años, trabaja en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y fue imputada por el Ministerio Público Fiscal. Según la investigación, habría sustraído una billetera en el Complejo Ledesma y utilizado las tarjetas bancarias de la víctima para realizar compras en distintos comercios. La Justicia dispuso que permanezca bajo arresto domiciliario durante 30 días
Una abogada que se desempeña como empleada de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán quedó en el centro de una investigación judicial por el presunto hurto de una billetera perteneciente a una compañera de trabajo y la posterior utilización de sus tarjetas de crédito y débito para realizar compras sin autorización.
El caso, que tuvo lugar en una dependencia municipal de la capital tucumana, derivó en la aprehensión de la sospechosa, su imputación por parte del Ministerio Público Fiscal (MPF) y una resolución judicial que ordenó que cumpla 30 días de arresto domiciliario mientras avanza la investigación.
El supuesto traslado laboral que terminó en una denuncia por hurto
De acuerdo con la hipótesis presentada por la Fiscalía, el episodio ocurrió el pasado viernes 18 de septiembre, alrededor de las 10.30, en el Complejo Ledesma, ubicado en la intersección de calle 25 de Mayo y avenida Sarmiento.
La abogada se habría presentado en el establecimiento con la intención de entrevistarse con el director del área para tratar un supuesto traslado laboral a la Dirección de Deportes de la Municipalidad.
Sin embargo, según la acusación, mientras era atendida por personal de la dependencia, habría aprovechado un momento de descuido para sustraer una billetera que se encontraba guardada dentro de una mochila.
En su interior había documentación personal, dinero en efectivo y tarjetas de débito y crédito de diferentes entidades bancarias.
De la billetera desaparecida a las compras con tarjetas ajenas
La investigación sostiene que la maniobra no habría terminado con la sustracción de la billetera.
Posteriormente, las tarjetas bancarias de la damnificada habrían sido utilizadas para realizar diferentes consumos en comercios de San Miguel de Tucumán.
Entre las operaciones investigadas figuran transacciones por $49.066,71 y $20.550, además de una compra de $23.000 en un establecimiento gastronómico y otra de $50.605,54 en una farmacia.
Los cuatro consumos mencionados representan un total de $143.222,25, aunque la investigación deberá establecer el perjuicio económico definitivo y determinar la responsabilidad de la imputada en cada una de las operaciones.
La encontraron con las tarjetas de la víctima
La situación tuvo un nuevo capítulo este martes 22 de septiembre, cuando efectivos del Sistema de Emergencias 911 acudieron a las inmediaciones de avenida Sarmiento y calle España, alertados por transeúntes sobre una aprehensión civil.
Al llegar al lugar, los policías entrevistaron a la denunciante, quien manifestó que una compañera de trabajo le había sustraído la billetera días atrás y que posteriormente había utilizado sus tarjetas bancarias para efectuar compras.
Los uniformados procedieron a la aprehensión de la sospechosa, de 43 años, y durante el procedimiento encontraron entre sus pertenencias las tarjetas de crédito y débito de la damnificada.
La mujer fue trasladada a la Comisaría Seccional Quinta, mientras que la Unidad Fiscal de Estafas, Usurpaciones y Cibercriminalidad convalidó la aprehensión y dispuso el secuestro de una cartera, un teléfono celular y las tarjetas recuperadas.
La Fiscalía pidió prisión preventiva, pero la Justicia dispuso arresto domiciliario
Durante la audiencia judicial, la auxiliar de fiscal Daniela Briz Tomás solicitó que la imputada permaneciera bajo prisión preventiva durante 30 días.
La representante del Ministerio Público Fiscal fundamentó el pedido en la necesidad de proteger las medidas investigativas pendientes y evitar posibles interferencias en la producción de pruebas.
Tras escuchar los argumentos de la acusación y de la defensa, el juez interviniente hizo lugar al plazo cautelar solicitado, aunque resolvió que la mujer cumpliera la medida bajo la modalidad de arresto domiciliario.
Una investigación que continúa abierta
La causa deberá determinar las circunstancias en las que desapareció la billetera, reconstruir los movimientos de las tarjetas bancarias y establecer la eventual responsabilidad penal de la empleada municipal.
La imputación y el arresto domiciliario constituyen medidas adoptadas durante el proceso judicial y no implican una condena. La acusada conserva su presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme.
Por el momento, no se informó oficialmente si la Municipalidad de San Miguel de Tucumán inició actuaciones administrativas o adoptó alguna medida respecto de la situación laboral de la abogada investigada.
El expediente continuará su curso mientras la Justicia reúne los elementos probatorios necesarios para esclarecer el episodio