El ministro del área, Federico Masso, tiene parte de culpa por no haber garantizado los controles adecuados
Los investigadores ya confirmaron que no había ningún control estatal en la entrega de mercadería del depósito. Además, no todos los beneficiarios hacían la rendición en tiempo y forma de cómo distribuían el cupo de alimentos que recibían. ¿Y Masso?.
La Justicia ordenó la libertad de la única persona que estaba detenida por la venta ilegal de mercadería de Desarrollo Social, cuyo titular es Federico Masso. El beneficiado es Marcos Soria, el ex empleado legislativo que está vinculado al concejal peronista Emiliano Vargas Aignasse.
Sí se solicitó que el imputado cumpla con varias reglas de conducta. Entre otras, fijar residencia en un domicilio, no abandonar la provincia y presentarse periódicamente a la fiscalía y a una seccional policial para garantizar que seguirá vinculado al proceso. También solicitó que se le fije una caución real de $2 millones para poder recuperar la libertad.
Soria fue el último procesado en esta causa. El fiscal Ignacio López Bustos (que instruyó el expediente durante la feria) sumó indicios para sostener que el ex empleado retiraba los alimentos de Desarrollo Social a nombre de una fundación vinculada al concejal Vargas Aignasse, pero que se quedaba con parte de ellos.
A esos víveres, según la investigación, las guardaba en la casa de su suegra y luego las comercializaba de manera ilegal. Al ser investigado, por decisión del vicegobernador Miguel Acevedo, el acusado fue dado de baja de la planta permanente de la Legislatura, donde había sido nombrado desde hace varios años.
En las primeras medidas, no sólo se secuestraron víveres, sino que quedaron detenidos Hugo Adrián y Juan Ernesto Juárez e Ivana Vanesa Sánchez. Los tres fueron imputados por encubrimiento y un magistrado les dictó la prisión preventiva. La mujer cumplió la medida cautelar con la modalidad de arresto domiciliario.
Días atrás, en otra audiencia, la auxiliar fiscal Torchán, siguiendo las instrucciones de sus superiores, solicitó el cese de prisión en contra de los tres imputados. Argumentó su pedido señalando que ya se habían agotado las tareas investigativas y que no había riesgos procesales para que continuaran detenidos. Requirió además que se fijara una caución de $1 millón para cada uno.
Rosa Margarita Ibáñez fue acusada del mismo delito, pero su defensora Agustina Recalde logró que no le dicten la prisión preventiva. En su vivienda de Villa 9 de Julio encontraron los víveres que le habría entregado Soria.
La Justicia continúa analizando la ruta de los víveres para encontrar a los responsables. Para ello, requirió la siguiente información:
– A Desarrollo Social pidió que le informe cuál es la cantidad de mercadería que adquirió y que montó pagó desde marzo a diciembre de 2023.
– A la empresa Piedra de Hacha, que fue contratada por el Gobierno como depósito de los alimentos, que dé cuenta de la mercadería que recibió.
– A los funcionarios de Desarrollo Social deberá informar a quiénes les entregaba las órdenes para que retiraran la mercadería. Estos datos se cotejarán con la información que deberá presentar Hacha de Piedra sobre a quién la retiraba.
La promesa del gobernador Osvaldo Jaldo había sido ir “hasta el hueso” en la investigación, “caiga quien caiga”. Entonces, ¿cómo sigue la novela?.
Párrafos de Gustavo Rodríguez, La Gaceta
TICHO para Sin Código Tucumán
