El Contador Público Nacional, Pablo Palazzolo, es el interventor del Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SePAPyS). Dicha repartición depende del Ministerio de Obras Públicas de la provincia
Palazzolo presentó un pedido de licencia -por razones personales- a partir del 1 de julio y hasta el 12 del mismo mes, de 2024, es decir, serían ocho días hábiles. Lo llamativo es que la resolución que concede el permiso al interventor no estaría firmada por una autoridad superior, es decir, el ministro de Obras Públicas.
Lo segundo llamativo, y no menos grave, es el tiempo que se ausentó el interventor. Si bien el otorgamiento de su licencia (del 1 al 12 de julio) ya sería ilegal, en el registro de Migraciones, de la Secretaría de Interior -Jefatura de Gabinete-, el señor Pablo Palazzolo tiene un registro de salida del país el día 22 de junio de 2024 a horas 17.21 con destino a Estados Unidos. La fecha de regreso a la Argentina, procedente de EEUU, es el 17 de julio a las 19.11 horas. Es decir, no coincide con la supuesta autorización de licencia otorgada.
Se solicitaron explicaciones al ministerio de Obras Públicas sobre las supuestas irregularidades en la autorización de licencia a Palazzolo, la no coincidencia entre los días pedidos y su estadía en Estados Unidos. No hubo respuestas.
Por otro lado, el Sindicato de Trabajadores del Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento presentó una nota al ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, el 12 de noviembre de 2024, para poner en su conocimiento “la persecución sindical de la que somos víctimas por parte del Sr Interventor del (SePAPyS), Cr. Pablo A. Palazzolo a los fines de que se adopten las medidas que estimen pertinentes para poner fin a las conductas antisindicales que lleva a cabo el interventor del empleador, desconociendo el accionar de nuestra organización gremial”.
En otra parte de la presentación gremial dicen: “Esta situación de persecución y hostigamiento viene aconteciendo en el SePAPyS (…) actos irregulares (…) , discriminación laboral y abuso de poder, el maltrato y violencia de compañeros que forman parte de la comisión directiva del sindicato, y las expresiones antisindical por parte del interventor”. Hasta el día de hoy no tuvieron respuesta por parte del Gobierno.
Cuando la tendencia nacional es achicar el Estado por la cantidad de corrupción que existe, en Tucumán el gobernador Osvaldo Jaldo habla con orgullo de mantener un mega Estado que deja mucho que desear y se lleva gran parte del Presupuesto provincial.
Es de esperar como tucumanos que pagan sus impuestos que, las autoridades del Ministerio de Obras Públicas, investiguen si hubo o no irregularidades en el otorgamiento de la licencia y el tiempo que se tomó el interventor del SePAPyS, Pablo Palazzolo.
