El Gobierno provincial dispuso la expulsión definitiva del profesor Marcelo Antonio Pérez tras una investigación administrativa que confirmó el envío de mensajes y material pornográfico a estudiantes menores de edad
El Gobierno de Tucumán resolvió la expulsión de un docente del sistema educativo de la provincia -no es la primera vez- por su vinculación con hechos de abuso sexual contra alumnas menores de edad. A través del Decreto N°145/5, el Poder Ejecutivo dispuso la exoneración del profesor Marcelo Antonio Pérez, quien se desempeñaba en la Escuela de Comercio N°1 “General Manuel Belgrano”, luego de que una investigación administrativa confirmara las denuncias en su contra.
La medida fue rubricada por la ministra de Educación, Susana Montaldo, y por la secretaria de Estado del área, María Gabriela Gallardo, y dispuso la clausura de la investigación iniciada mediante la Resolución N°0844/5 (SE), del 25 de julio de 2025.
Según el Decreto, las actuaciones comenzaron a partir de una presentación de la Supervisión de Educación Secundaria, que puso en conocimiento la situación ocurrida en la Escuela de Comercio 1, donde el docente habría incurrido en conductas inapropiadas hacia una estudiante menor de edad. En el expediente consta que la madre de la alumna denunció al profesor por acoso sexual, y manifestó contar con pruebas, entre ellas “videos y mensajes”.
De acuerdo con las actas incorporadas al expediente, la estudiante declaró que junto a una compañera coincidían con el docente durante los recreos y que con el tiempo el vínculo se fue intensificando. La menor señaló que el profesor comenzó a pagarles el desayuno y posteriormente les enviaba mensajes de texto en los que “preguntaba cómo estaban y qué ropa tenían puesta”, además de realizar transferencias de dinero para ayudarlas con gastos escolares.
Asimismo, la alumna indicó que el docente “les mandaba videos que eran material pornográfico”, lo que quedó registrado en las actuaciones administrativas.
El Decreto señala que, tras el análisis de la prueba reunida, la instrucción del sumario resolvió “confirmar los cargos formulados al docente, aconsejando se aplique la sanción de Exoneración de conformidad a lo dispuesto por el artículo 58° inciso 8) de la Ley N°3.470 (Estatuto Docente)”.
Según el Poder Ejecutivo, durante el proceso “se observaron las reglas que hacen al debido proceso legal y a la garantía de defensa”, conforme al procedimiento establecido para investigaciones administrativas, y se cumplieron “los principios que rigen el debido proceso administrativo, asegurando la transparencia, legalidad y legitimidad del procedimiento”.
La sanción aplicada impide que el docente vuelva a desempeñarse en el sistema educativo provincial. Se ordena comunicar la medida a los organismos competentes, debido a que “la falta cometida impide el ingreso a la docencia del agente en carácter titular, interino o suplente, al no reunir las condiciones exigidas” por el Estatuto Docente.
La decisión se adoptó con dictamen favorable de la Fiscalía de Estado y dispuso formalmente la clausura de la investigación administrativa, confirmando los cargos y aplicando la sanción de exoneración al docente.
