Realizaron la denuncia correspondiente pero desde la dirección de la escuela no se hacen cargo
Por SIN CODIGO
Un grupo de padres de la Escuela Rector Benjamín Villafañe, ubicada en Villa 9 de Julio, en San Miguel de Tucumán, atraviesa momentos de angustia e incertidumbre tras denunciar a una docente por una presunta estafa vinculada a la compra de conjuntos de egresados para alumnos del nivel primario.
Según relataron algunas madres al medio SIN CODIGO, la docente —identificada como Silvia Susana Carrizo— habría solicitado a cada familia una suma cercana a los 129 mil pesos para la adquisición de la indumentaria. De acuerdo a la denuncia formal, los pagos se habrían realizado entre septiembre, octubre y noviembre de 2025, en tres cuotas de 45 mil pesos, totalizando 135 mil pesos por alumno.
Los padres aseguran que, en su momento, firmaron un “papel” en el que se dejaba constancia de que la institución no se hacía responsable de la operación. Sin embargo, con el paso de los meses, los conjuntos nunca fueron entregados y comenzaron las dudas.
Uno de los puntos que más preocupa a las familias es que, hasta el día de hoy, la docente no habría brindado información clara sobre la supuesta empresa proveedora. Según sostienen, cada vez que solicitaron datos del local o contacto del proveedor, la respuesta fue evasiva o inexistente. La explicación que habrían recibido es que la empresa “no se hace cargo”, aunque sin mayores precisiones.
A esto se suma otro elemento que incrementa la incertidumbre: la docente señalada ya no se desempeña en el establecimiento, ya que habría sido trasladada a otra institución, lo que dificulta aún más el contacto directo.
Los padres también indicaron que mantuvieron conversaciones con la dirección de la escuela, desde donde —según su versión— se les habría informado que no se devolvería el dinero. Como alternativa, se habría propuesto la realización de una rifa para recaudar fondos y, al menos, garantizar una remera para cada alumno.
Ante este escenario, y sintiéndose presuntamente estafadas, las familias decidieron avanzar por la vía judicial. La denuncia fue radicada el pasado 17 de marzo de 2026 en la Unidad Fiscal de Denuncias Tempranas, con intervención de la Comisaría Seccional 10, bajo la carátula de “estafa y defraudación”.
El caso genera conmoción en la comunidad educativa y abre interrogantes sobre los mecanismos de recaudación dentro de las escuelas, así como los controles sobre este tipo de iniciativas que involucran dinero de las familias.
Por el momento, se espera el avance de la investigación judicial para determinar responsabilidades y esclarecer qué ocurrió con los fondos aportados por los padres.
