La compra de dos terrenos en un country de Yerba Buena, en la mira de los denunciantes
La intendente de Graneros, Raquel Graneros, quedó en el centro de una fuerte controversia política y judicial luego de que dirigentes opositores presentaran una denuncia ante la Justicia tucumana para que se investigue un presunto enriquecimiento ilícito vinculado a la adquisición de dos terrenos en un exclusivo country de Yerba Buena.
La presentación fue realizada por el legislador provincial Manuel Courel, el concejal de Simoca Luis Escobar y el ex candidato a intendente de Alberdi, Luis Augier, quienes solicitaron que se determine el origen de los fondos utilizados para la compra de los lotes ubicados en el Country Las Yungas. Según la denuncia, la operación inmobiliaria habría superado el millón de dólares y se habría concretado mediante pagos en efectivo.
Los denunciantes sostienen que el patrimonio atribuido a la jefa municipal no guardaría relación con los ingresos que surgen de su actividad pública. Por ello, reclamaron que la Justicia avance con medidas de prueba para esclarecer la situación y verificar si existió alguna irregularidad en la adquisición de los inmuebles.
Uno de los puntos que genera mayores interrogantes es la presunta participación del secretario de Hacienda municipal, Ariel Mendelek, quien, según los denunciantes, habría trasladado parte del dinero utilizado para concretar la operación. También solicitaron que se requiera información a la administración del barrio privado y que se cite a declarar a posibles testigos vinculados a la compra.
La denuncia incorpora además documentación correspondiente a las expensas del emprendimiento inmobiliario, donde la intendente aparecería como titular de los lotes señalados. Los terrenos habrían sido posteriormente unificados para la construcción de una vivienda.
El caso promete generar repercusiones en el escenario político tucumano, especialmente en un contexto donde la transparencia en la gestión pública y la rendición de cuentas de los funcionarios son temas cada vez más presentes en el debate ciudadano. La Justicia deberá ahora determinar si existen elementos suficientes para abrir una investigación formal y establecer el origen de los fondos cuestionados.
Más allá de las acusaciones, corresponde señalar que la denuncia constituye una instancia inicial del proceso judicial y que la intendente mantiene plenamente vigente su derecho a ejercer su defensa y a que se respete el principio de presunción de inocencia hasta que exista una resolución firme de la Justicia.
