La concejal alfarista Ana González presentó una denuncia penal contra cinco funcionarios del gabinete de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán por presuntas contrataciones directas “irregulares” que alcanzarían los $2.700 millones. La acusación fue radicada ante el Ministerio Público Fiscal y apunta a supuestos incumplimientos de los deberes de funcionario público.
La presentación involucra al secretario de Servicios Públicos, Luciano Chincarini; la secretaria de Gobierno, Camila Giuliano; el contador General, Marcelo Albaca; el secretario general, Rodrigo Gómez Tortosa; y el secretario de Economía y Hacienda, Sebastián Ruiz Toscano.
Según el escrito, patrocinado por el abogado Juan Macario Santamarina, existiría un “patrón de conducta” basado en contrataciones directas a determinadas cooperativas de trabajo mediante argumentos de “necesidad y urgencia” para tareas que, de acuerdo con la denuncia, eran “ordinarias, previsibles y programables”.
Entre los cuestionamientos, González sostiene que varias de las cooperativas contratadas no estaban inscriptas en el Registro de Proveedores de la Municipalidad y que algunas habrían regularizado su situación tributaria recién en el mismo período en que fueron convocadas para prestar servicios.
Además, la denuncia advierte sobre presuntos sobreprecios en distintas contrataciones. Uno de los casos señalados corresponde a una compra de 165 kits de “micro embarcado” para el transporte público, adjudicada por $398 millones a la cooperativa Providers S.A.
La presentación también incluye pedidos de investigación por posibles delitos de malversación de caudales públicos y cohecho pasivo.
La respuesta del municipio
Desde la gestión encabezada por la intendenta Rossana Chahla afirmaron que aún no fueron notificados formalmente de la denuncia, aunque manifestaron que colaborarán con cualquier requerimiento judicial.
El secretario de Servicios Públicos, Luciano Chincarini, calificó la acusación como “claramente política” y sostuvo que la actual administración actúa “dentro del marco de los procedimientos administrativos, legales y contables vigentes”.
Además, apuntó contra González por haber integrado la gestión del exintendente Germán Alfaro y aseguró que la edil “busca adelantar los tiempos electorales judicializando la política”.
Acusación por presunto enriquecimiento ilícito
La denuncia también incorpora un apartado contra el contador General Marcelo Albaca por presunto enriquecimiento ilícito.
En ese tramo del escrito se menciona un viaje realizado por el funcionario a China y un crédito hipotecario del Banco Nación por aproximadamente $415 millones destinado, según la presentación, a la compra de una propiedad en el Country del Golf.
La concejal sostiene que el desembolso necesario para acceder al inmueble sería “prima facie incompatible” con los ingresos de un funcionario municipal.
Entre las medidas solicitadas a la Justicia figuran allanamientos en dependencias municipales y cooperativas señaladas, el secuestro de expedientes administrativos, informes del Ipacym, ARCA y Rentas provincial, además de documentación vinculada al crédito hipotecario mencionado.
Fuente: La Gaceta
