El Gobierno provincial autorizó el desistimiento de demandas por medidas tributarias de 2019. El convenio busca compensar deudas entre ambas administraciones, aunque la información difundida no detalla el resultado económico para las arcas tucumanas
El Gobierno de Osvaldo Jaldo avanzará con el retiro de dos demandas contra el Estado nacional ante la Corte Suprema, como parte de un entendimiento para ordenar compromisos financieros. Los expedientes cuestionaban decisiones de la Administración de Mauricio Macri que afectaban recursos coparticipables.
El decreto provincial 1680/3 aprobó el convenio firmado el 23 de julio por los ministros de Economía provincia, Daniel Abad, y Luis Caputo. El acuerdo se encuadra en el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, que permite compensar créditos y deudas entre jurisdicciones.
Los reclamos se originaron por la eliminación transitoria del IVA sobre determinados alimentos y por modificaciones en Ganancias dispuestas en 2019. Tucumán objetó que el alivio tributario se financiara con ingresos correspondientes a las provincias.
La Provincia obtuvo cautelares favorables, pero los procesos quedaron suspendidos tras el Consenso Fiscal 2020. De acuerdo con el informe de la Fiscalía de Estado citado por Los Primeros, la posterior derogación de las normas cuestionadas y los nuevos acuerdos fiscales llevaron al Ejecutivo a considerar cumplido el objetivo de aquellas acciones. El decreto autoriza a la Dirección Judicial a formalizar su desistimiento.
El punto pendiente es conocer el balance de la operación. La información publicada no establece cuánto representaban los reclamos ni qué saldo definitivo tendrá la compensación. Por eso, todavía no permite cuantificar el beneficio para Tucumán o afirmar que habrá una transferencia adicional de dinero.
En términos políticos, el entendimiento puede leerse como otro paso en la estrategia de negociación de Jaldo con la Administración de Javier Milei: resolver diferencias mediante acuerdos financieros y reducir los conflictos judiciales.
La evaluación del resultado, sin embargo, necesitará números concretos. Conocer las obligaciones reconocidas, el saldo y las condiciones de cancelación será decisivo para determinar qué obtiene la provincia al cerrar estos litigios.