La Justicia declaró culpable al exnovio de la joven de 27 años, quien falleció en octubre de 2025. La sentencia también contempla las amenazas contra el hermano de la víctima. La Fiscalía había solicitado una pena de seis años de prisión.
La Justicia tucumana condenó este lunes 26 de octubre a Diego Zerda a cuatro años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, tras encontrarlo culpable del delito de instigación al suicidio de su expareja, Karla Robles, en concurso real con amenazas simples contra el hermano de la joven. La sentencia fue dictada por la jueza Fanny Siriani, luego de un juicio que puso bajo análisis una prolongada historia de violencia de género.
Karla tenía 27 años cuando falleció el 24 de octubre de 2025, en circunstancias que conmocionaron a Tucumán y alcanzaron repercusión nacional. Durante el proceso judicial se analizaron testimonios, registros audiovisuales, conversaciones telefónicas y pericias que permitieron reconstruir el contexto de hostigamiento, manipulación psicológica y amenazas que, según la acusación, atravesó la joven durante su relación con Zerda.
El fiscal Pedro Gallo, titular de la Unidad Especializada de Homicidios I, sostuvo que el acusado conocía la situación de vulnerabilidad emocional de Karla y se aprovechó de ella para ejercer presión psicológica. En sus alegatos, remarcó que la muerte de la joven no podía analizarse de manera aislada, sino dentro de un contexto sostenido de violencia de género, sometimiento y amenazas.
Durante el debate, la Fiscalía solicitó seis años de prisión efectiva, al considerar acreditada la responsabilidad penal de Zerda. Sin embargo, la magistrada resolvió imponer una pena de cuatro años y seis meses. El fallo representa un avance significativo para la familia de Karla, que durante el proceso reclamó justicia y denunció que la joven había realizado presentaciones previas por situaciones de violencia.
El caso Karla Robles vuelve a poner en el centro del debate la importancia de actuar ante las denuncias de violencia de género, detectar situaciones de manipulación y garantizar respuestas judiciales oportunas. La condena también abre una reflexión sobre la responsabilidad penal en hechos de instigación al suicidio y las consecuencias que puede tener la violencia psicológica sostenida sobre las víctimas.