El diputado nacional Mariano Campero defendió la presentación judicial contra el régimen de reelecciones de Tucumán y rechazó que se trate de un intento de proscripción. La controversia por la interpretación del artículo 90 de la Constitución provincial profundiza la disputa política de cara a las elecciones de 2027.
La discusión por la reelección del gobernador Osvaldo Jaldo volvió a instalarse en el centro del escenario político tucumano. El diputado nacional Mariano Campero respondió a los cuestionamientos del mandatario provincial y defendió la presentación judicial impulsada por sectores de la oposición para revisar la constitucionalidad del régimen de reelecciones establecido en la Carta Magna provincial.
A través de una carta pública, Campero rechazó que la iniciativa judicial tenga como objetivo impedir la participación electoral de Jaldo. Por el contrario, sostuvo que el debate debe centrarse en los límites a la permanencia en el poder y cuestionó la posibilidad de que un mismo dirigente acumule 16 años consecutivos en los principales cargos del Poder Ejecutivo provincial.
El conflicto gira en torno a la interpretación del artículo 90 de la Constitución de Tucumán. Jaldo ejerció la Vicegobernación durante dos períodos consecutivos, entre 2015 y 2023, y posteriormente asumió como gobernador. De resultar reelegido en 2027, podría completar cuatro mandatos consecutivos entre ambos cargos, una situación que la oposición busca someter al análisis de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En su pronunciamiento, Campero también planteó cuestionamientos sobre la concentración de poder y la necesidad de garantizar la alternancia democrática. El legislador defendió el recurso a la Justicia nacional y argumentó que la controversia trasciende las diferencias entre dirigentes, al involucrar principios republicanos, seguridad jurídica y límites al ejercicio del poder.
Desde el oficialismo, Jaldo sostiene que la Constitución provincial habilita su eventual candidatura y considera que el planteo opositor constituye un intento de excluirlo de la competencia electoral. Mientras tanto, la disputa judicial suma un nuevo capítulo a la confrontación política en Tucumán y anticipa uno de los debates centrales de las elecciones de 2027. La presentación judicial no implica por sí misma una inhabilitación del gobernador, pero una eventual resolución de la Corte podría tener consecuencias sobre el escenario electoral provincial.