La provincia expuso ante el Congreso peruano el impacto económico y turístico de la ruta internacional, mientras intensifica gestiones políticas y técnicas para evitar su cancelación prevista para fines de marzo
El Gobierno de Tucumán activó una negociación en Perú para intentar destrabar el conflicto que amenaza la continuidad del vuelo directo entre la provincia y Lima.
En una misión encabezada por el titular del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya, y el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín, la comitiva provincial llevó el reclamo al Congreso peruano, donde expuso el impacto negativo que tendría la suspensión de la ruta en la conectividad regional y en la economía del Norte argentino.
La presentación se realizó en el marco de una mesa técnica organizada por la Comisión Especial Multipartidaria PROINVERSIÓN, donde se debatió el efecto de la Tarifa Unificada de Uso Aeroportuario (TUUA) aplicada en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Este cargo adicional, que grava a los pasajeros en tránsito, es señalado como el principal factor que afecta la competitividad del enlace aéreo.
En diálogo con La Gaceta, Amaya detalló los pormenores de la gestión: “Esta tasa es de USD 12,60 por tramo, lo que implica más de 25 dólares por pasajero en un viaje ida y vuelta. En una familia, eso encarece considerablemente el costo total”, explicó. Además, explicó que el surgimiento de esta tasa no estaba pactada previamente. “No estaba contemplada en el contrato original, sino que surge de una adenda, lo que genera aún más controversia”, comentó.
Durante su estadía en Lima, la delegación tucumana mantuvo reuniones con autoridades de LATAM Perú, legisladores, representantes de organismos internacionales y referentes políticos. La aerolínea también manifestó su preocupación por la pérdida de competitividad frente a otros HUBS regionales.
“La presentación de la IATA fue muy clara sobre el perjuicio económico. Nosotros planteamos que lo importante es ampliar la base de contribuyentes y no aumentar la carga sobre los pasajeros”, sostuvo Amaya.
Además, la comitiva logró instalar el tema en otros niveles institucionales. “La presidenta de la comisión se comprometió a trasladar esta inquietud a las nuevas autoridades cuando se normalice la situación política”, indicó Amaya. También reveló que mantuvieron un encuentro con la Corte Suprema de Justicia de Perú. “Se mostraron preocupados porque no conocían el detalle del problema y se comprometieron a analizarlo”, señaló.
El conflicto se originó semanas atrás, cuando LATAM Airlines Perú anunció la cancelación de la ruta a partir del 29 de marzo, apenas días después de su inauguración. La medida fue atribuida al impacto de la nueva tasa aeroportuaria, que encarece los costos operativos y desalienta el uso de Lima como centro de conexión. Desde entonces, el Gobierno tucumano inició gestiones para revertir la decisión.
Amaya advirtió sobre el impacto inmediato que tendría la cancelación. “Tenemos congresos y convenciones internacionales previstos para los próximos meses. Perder esta conexión sería un golpe muy fuerte”, concluyó.
