La gran incógnita que desvela al peronismo y envalentona a la oposición no es económica, sino estrictamente constitucional: ¿Puede Osvaldo Jaldo aspirar a un mandato más como gobernador?
Por SIN CODIGO
En Tucumán, la política se rige por una máxima implícita: nada es definitivo hasta que la Corte Suprema dice lo contrario. Apenas cruzamos la mitad del mandato actual y en los pasillos de la Casa de Gobierno ya se respira el aire denso de las urnas de 2027.
El escenario es un tablero de ajedrez donde el derecho, la jurisprudencia nacional y la coyuntura política provincial prometen cruzarse en una batalla de final abierto.
El escudo del Artículo 90
Quienes caminan el territorio defendiendo la opción de “Jaldo 2027” se apoyan en una lectura literal y quirúrgica de la Constitución provincial (modificada en 2006). El polémico Artículo 90 establece que el vicegobernador, aun habiendo cumplido dos mandatos consecutivos en esa función (como lo hizo Osvaldo Jaldo entre 2015 y 2023), puede postularse para gobernador de forma inmediata.
Bajo esta lógica: El período actual (2023-2027) es su primer mandato en la máxima categoría.
Por ende, la norma provincial le otorgaría el derecho a aspirar a un mandato consecutivo adicional en esa misma función. Para el jaldismo puro, la cuenta es simple: está habilitado. Sin embargo, en el derecho público las matemáticas provinciales suelen chocar de frente con el sentido común republicano.
Vale aclarar, y que puede ser un punto de judicialización, que Osvaldo Jaldo ejerció el Poder Ejecutivo de Tucumán como gobernador interino durante aproximadamente 17 meses. Esta etapa abarcó desde el 20 de septiembre de 2021 hasta el 15 de febrero de 2023, periodo en el que Juan Manzur estuvo de licencia para asumir como Jefe de Gabinete de la Nación.
Las tres piedras en el zapato de la reelección
La oposición tucumana y diversos abogados constitucionalistas tendrían listos los borradores de las impugnaciones -si es que Jaldo oficializa ser candidato a la reelección-. Los argumentos en contra configuran un frente jurídico sumamente complejo para el oficialismo.
El límite moral de los 16 años: El argumento político y republicano central es la alternancia. Si Jaldo se presenta y gana en 2027, completaría en 2031 un total de 16 años ininterrumpidos en la cúspide de la fórmula gubernamental (8 como vice y 8 como gobernador). Para los críticos, esto destruye el principio básico de renovación del poder y roza la perpetuidad encubierta.
El fantasma de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: Este es el verdadero freno de mano. Quienes impugnarán la candidatura no miran a los tribunales locales, miran a Buenos Aires. La jurisprudencia reciente de la Corte Suprema (los fallos que bajaron a Sergio Uñac en San Juan y obligaron a declinar a Juan Manzur en Tucumán en 2023) dejó una doctrina clara: se terminaron las reelecciones perpetuas mediante el intercambio de roles o la permanencia eterna en la fórmula. Aunque el texto tucumano “autorice”, la Corte Nacional ya demostró que prioriza el principio republicano por encima de las redacciones locales.
La Universidad como laboratorio político: Lo que sucede en el ámbito de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) -impugnación de la candidatura del rector Sergio Pagani a un tercer mandato consecutivo- no debe leerse de manera aislada. Históricamente, la política universitaria local funciona como un laboratorio de ensayo: las alianzas, las judicializaciones de mandatos y las disputas de poder que se prueban en los rectorados suelen prefigurar las estrategias provinciales. Si la interna en la UNT se dirime a golpe de recursos de inconstitucionalidad, es un adelanto cantado de lo que vivirá la provincia si el gobernador oficializa su postulación.
Las dos salidas del embudo judicial
Como bien sabemos, en Tucumán puede pasar cualquier cosa. Si Jaldo decide apretar el acelerador de su candidatura, el escenario de judicialización inmediata sería inevitable. A partir de ahí, la provincia entraría en un embudo con solo dos salidas posibles:
Escenario A: Vía Libre. La justicia desestima los recursos, convalida la interpretación literal del Artículo 90 y le da luz verde a la postulación de Jaldo.
Escenario B: El “Efecto Manzur. La Corte Suprema de la Nación interviene, considera que 16 años violan la periodicidad de funciones y baja la candidatura de Jaldo de un plumazo, obligando a cambiar la fórmula a semanas de votar.
La pregunta del millón: Si no es Jaldo, ¿entonces quién?
El verdadero pánico del peronismo tucumano radica en el Escenario B. Si la Justicia le baja el pulgar a Jaldo, ¿Quién toma la posta? ¿Quién es el heredero?
La urgencia no es menor. Hoy el oficialismo provincial no solo debe contener sus internas tradicionales, sino hacer frente a La Libertad Avanza (LLA), una fuerza en claro ascenso que ha consolidado su discurso anticasta en la provincia y amenaza con capitalizar cualquier signo de debilidad o fatiga del PJ local.
Construir una figura con la suficiente aceptación -o consenso- dentro del partido, que retenga el voto del aparato territorial y que a la vez resulte atractiva para el electorado independiente frente a la marea libertaria, es el examen más difícil que tiene el peronismo tucumano por delante.
¿Hay plan B o Tucumán se asoma a un cambio de era forzado por los tribunales? El reloj ya está corriendo.
