El Gobierno de Osvaldo Jaldo sostiene con recursos provinciales gran parte del sistema de colectivos, ante la eliminación de las compensaciones nacionales al transporte del interior. A los $12.000 millones mensuales se suman otros $1.500 millones de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. El millonario desembolso abre interrogantes sobre cuánto recibe cada empresa y cómo se controla la calidad del servicio
El transporte público de Tucumán se convirtió en uno de los principales destinos de fondos estatales. Cada mes, el Gobierno provincial destina aproximadamente $12.000 millones para sostener el funcionamiento de los colectivos y financiar los boletos gratuitos de estudiantes y jubilados.
La cifra surge de una investigación basada en documentación oficial y fuentes del sector, que permite conocer cómo se distribuye una parte importante de estos recursos.
El sistema permanece bajo emergencia desde 2018 y enfrenta dificultades económicas, mientras las empresas reclaman mayores compensaciones para afrontar salarios, combustible, repuestos y mantenimiento de las unidades.
¿Cómo se distribuyen los $12.000 millones?
Los fondos provinciales se dividen en dos grandes conceptos: compensaciones directas a las empresas y financiamiento de los programas de boletos gratuitos.
En octubre, el Poder Ejecutivo autorizó transferencias a la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT) por $6.200 millones.
De ese total, $5.500 millones corresponden a compensaciones tarifarias y otros $700 millones a un aporte adicional.
Los desembolsos fueron establecidos mediante los decretos provinciales 2392/8 y 1987/8.
Millones para estudiantes y jubilados
Otra parte importante de los recursos se destina a financiar los viajes gratuitos. Según las últimas liquidaciones detalladas, correspondientes a agosto, la Provincia destinó:
• $1.598 millones: boleto gratuito para jubilados.
• $3.813 millones: abonos rurales del Boleto Estudiantil Provincial.
• $2.056 millones: tarjetas para estudiantes del área metropolitana.
En total, los programas de boletos gratuitos representaron $7.467 millones durante ese mes.
Estos importes varían de acuerdo con la cantidad de servicios reconocidos y utilizados. Por eso, no corresponde sumar directamente las liquidaciones de agosto a las compensaciones de octubre para establecer un gasto mensual único.
El promedio informado por el Gobierno se ubica alrededor de los $12.000 millones mensuales.
San Miguel de Tucumán aporta otros $1.500 millones
A los recursos provinciales se agrega la asistencia de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, encabezada por Rossana Chahla.
El municipio destina aproximadamente $1.000 millones mensuales a compensaciones para las empresas urbanas y otros $560 millones al Boleto Estudiantil Municipal.
De esta manera, entre la Provincia y la Capital se destinan alrededor de $13.500 millones mensuales al transporte público, tomando como referencia los montos promedio informados.
Además, las 14 líneas urbanas de la Capital cuentan con el sistema SUBE, que permite acceder a beneficios sociales financiados por la Nación.
Según fuentes municipales, esos aportes federales representaban alrededor de $450 millones mensuales, aunque existían pagos pendientes correspondientes a los últimos períodos.
¿Cuánto recibe cada empresa?
Esta es una de las principales preguntas que surgen del millonario esquema de financiamiento.
Los decretos provinciales autorizan transferencias globales a través de AETAT y establecen criterios legales para su distribución. Sin embargo, los datos difundidos no permiten identificar con precisión cuánto dinero recibe individualmente cada empresa de colectivos.
Tampoco ofrecen un cuadro completo que permita comparar los fondos percibidos por cada prestataria con la cantidad de pasajeros transportados, las frecuencias efectivamente cumplidas y el estado de las unidades.
Contar con esa información permitiría evaluar mejor el destino de los recursos públicos.
Empresas que reclaman y usuarios que esperan mejoras
Desde AETAT, el empresario Jorge Berretta cuestionó la distribución de los fondos nacionales y sostuvo que el sistema tucumano continúa funcionando gracias a los aportes provinciales y al esfuerzo financiero de las compañías.
El sector advierte que el aumento de los costos operativos y la falta de compensaciones nacionales generan dificultades para sostener el servicio.
Sin embargo, del otro lado están los usuarios, que dependen diariamente de los colectivos para trabajar, estudiar y realizar sus actividades.
La discusión no debería limitarse al dinero que necesitan las empresas, sino también a las condiciones en que se presta el servicio.
Millones de pesos y una pregunta pendiente
El Gobierno provincial sostiene que los aportes permiten evitar un mayor impacto sobre el precio del boleto y garantizar la continuidad del transporte.
Pero la magnitud de los recursos públicos comprometidos plantea la necesidad de contar con información detallada y accesible sobre su distribución.
¿Cuánto recibe cada empresa? ¿Cuántos pasajeros transporta? ¿Qué frecuencias debe cumplir y cuáles cumple efectivamente? ¿Cómo se controla el destino de los subsidios?
Son preguntas relevantes para evaluar un sistema que recibe miles de millones de pesos todos los meses y que sigue atravesando una prolongada emergencia.
El desafío para Tucumán no pasa solamente por garantizar el financiamiento de los colectivos, sino también por demostrar que esos recursos se traducen en un servicio eficiente, seguro y acorde con las necesidades de los usuarios.
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