Triple crimen de Florencio Varela: el Gobierno de Perú autorizó la extradición de Pequeño J

Fue detenido en Perú en septiembre de 2025 luego de haber huido de Argentina por ser acusado de los asesinatos de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi

El Gobierno de Perú aprobó, este sábado, la extradición de Pequeño J, el principal acusado por el triple crimen de Florencio Varela, y ahora las autoridades de ese país y las de Argentina deberán coordinar la entrega y traslado del detenido, de 20 años.

La Justicia argentina lo acusa de homicidio agravado premeditado y con ensañamiento, alevosía y violencia de género. Había sido detenido en septiembre pasado en los alrededores de Lima, luego de haber huido desde el conurbano bonaerense.

Pequeño J es el principal acusado por el crimen de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20) en Florencio Varela, y tras una intensa búsqueda en nuestro país y una estrecha colaboración con las autoridades de Perú, país natal de Valverde Victoriano, se lo detuvo en Pucusana, pocos kilómetros al Sur de Lima.

La defensa de Pequeño J en aquel país había rechazado en octubre pasado la extradición voluntaria, por lo que las autoridades argentinas solicitaron a sus pares de Perú una Resolución oficial. Llegó este sábado, mediante la Resolución Suprema 041-2026-JUS firmada por el Presidente interino del Perú, José Jerí, el Canciller Hugo de Zela y el ministro de Justicia, Walter Martínez.

El siguiente paso del proceso es la coordinación logística de la entrega de Valverde Victoriano, que permanece detenido en una penitenciaría de la provincia de Cañete, al sur de Lima, a las autoridades argentinas, y también del traslado hacia suelo argentino, donde la Justicia lo requiere.

El Juez Federal 2 de Morón, Jorge Ernesto Rodríguez, pidió ampliar el pedido de extradición para incluir otros delitos, que se revelaron a partir del avance de la investigación del triple crimen, como su vinculación con una organización criminal dedicada al narcotráfico a gran escala, posibles delitos de trata y explotación sexual, y eventuales maniobras de lavado de activos.

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