Un proyecto fue presentado en la Legislatura bonaerense y se suma a una iniciativa similar impulsada en la Ciudad de Buenos Aires. En el Gobierno nacional no descartan avanzar con una reforma de alcance federal.
Luego de la polémica generada tras la final del Mundial y de las críticas dirigidas hacia la Argentina, el oficialismo volvió a poner en agenda el debate sobre las prestaciones que reciben los extranjeros sin residencia permanente en el país.
En ese marco, el jefe del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense, Agustín Romo, presentó un proyecto de ley que propone arancelar la atención en hospitales públicos provinciales y los estudios de grado en universidades estatales para los extranjeros que no cuenten con residencia permanente.
A través de sus redes sociales, Romo defendió la iniciativa al sostener que “los contribuyentes argentinos no tienen por qué financiar la salud y la educación de extranjeros que manifiestan desprecio por el país”. El legislador vinculó el proyecto con las recientes expresiones contra la Argentina que generaron repercusión en redes y medios.
La propuesta bonaerense se suma a otra presentada en marzo por la legisladora porteña Pilar Ramírez, también de La Libertad Avanza, que plantea establecer un sistema de recupero de gastos por la atención médica brindada a extranjeros no residentes en hospitales de la Ciudad de Buenos Aires.
La postura del Gobierno nacional
Si bien ambas iniciativas cuentan con respaldo dentro del oficialismo, en la Casa Rosada aseguran que, por el momento, no está previsto enviar un proyecto similar al Congreso. Sin embargo, fuentes gubernamentales admiten que la posibilidad permanece abierta.
“Puede impulsarse más adelante. Para avanzar a nivel nacional habría que modificar la Ley de Migraciones y no está claro que existan los votos necesarios, aunque el Gobierno podría intentarlo”, señalaron fuentes oficiales.
En ese sentido, trascendió que el asesor presidencial Santiago Caputo analiza con interés una propuesta de características similares. Incluso, dentro del oficialismo consideran probable que algún diputado nacional de La Libertad Avanza presente una iniciativa en el Congreso en los próximos meses.
No obstante, otros sectores del Gobierno sostienen que, por tratarse de competencias compartidas entre Nación y provincias, el debate debe resolverse principalmente en cada jurisdicción.
El antecedente de la reforma migratoria
En mayo de 2025, el Gobierno nacional modificó la política migratoria mediante el Decreto 366/2025. Entre otros cambios, la normativa habilitó a las universidades nacionales a cobrar aranceles a estudiantes extranjeros sin residencia permanente y estableció la obligatoriedad de contar con un seguro de salud o afrontar el costo de la atención médica.
Pese a ello, desde el Ministerio de Capital Humano aclararon que ninguna universidad nacional decidió aplicar hasta el momento el cobro a estudiantes extranjeros no residentes. Argumentan que la autonomía universitaria impide al Poder Ejecutivo imponer esa decisión sin una ley específica.
En la misma línea, desde el Ministerio de Salud señalaron que para extender el cobro en hospitales nacionales también sería necesario modificar la Ley de Migraciones. En cambio, recordaron que las provincias tienen facultades para definir sus propios esquemas de atención sanitaria, razón por la cual varias jurisdicciones ya implementaron mecanismos de cobro para pacientes extranjeros no residentes.
Los argumentos del debate
El debate también reavivó posiciones contrapuestas sobre el impacto que tienen los extranjeros en los sistemas públicos de salud y educación.
Meses atrás, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, informó que los estudiantes extranjeros con residencia temporal, transitoria o precaria representan apenas el 2,5% de los más de 70.000 ingresantes de la universidad, porcentaje que asciende al 6,1% en la Facultad de Medicina.
Por su parte, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, había sostenido anteriormente que los extranjeros representan solo el 0,2% de las consultas médicas y el 0,8% de las internaciones registradas en hospitales públicos de la provincia.
Qué establece el proyecto bonaerense
La iniciativa presentada por Agustín Romo propone crear un régimen de arancelamiento para extranjeros sin residencia permanente en dos áreas: la atención en hospitales públicos provinciales y los estudios de grado en universidades provinciales.
En materia sanitaria, establece que los pacientes deberán afrontar los costos mediante un seguro médico, por cuenta propia o a través de un tercero responsable. En el ámbito universitario, cada institución quedaría facultada para fijar los aranceles, montos y modalidades de pago.
El proyecto garantiza, además, que ninguna persona podrá ser rechazada ni demorada en situaciones de urgencia o emergencia con riesgo de vida. En esos casos, la atención deberá brindarse de manera inmediata y el recupero de los costos se realizará una vez estabilizado el paciente.
También contempla excepciones para casos vinculados con la salud pública, como enfermedades transmisibles o víctimas de trata, y prevé que los fondos recaudados sean destinados a un Fondo Provincial de Salud administrado por el Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO).
La diferencia con la propuesta de la Ciudad
A diferencia del proyecto bonaerense, la iniciativa presentada en la Legislatura porteña se limita exclusivamente al sistema de salud y no alcanza a las universidades.
El texto propone modificar la Ley Básica de Salud de la Ciudad para establecer un mecanismo de recupero de gastos por la atención programada de extranjeros sin residencia permanente, mediante la presentación de un seguro de salud o un sistema de compensación económica implementado por el Gobierno porteño.
Al igual que la propuesta bonaerense, garantiza la atención gratuita e inmediata en casos de urgencia y emergencia, sin que el acceso al servicio pueda condicionarse al pago.