Los empresarios del transporte distribuyeron cartas documento a la intendente, al Concejo Deliberante y al secretario de Movilidad exigiendo una respuesta al pedido del aumento del valor del boleto. Además, amenazaron a los choferes con pagarles el sueldo en tres partes
La crisis del transporte urbano en San Miguel de Tucumán escaló con un duro enfrentamiento entre la AETAT y funcionarios municipales. La entidad empresarial envió cartas documento a la intendente Rossana Chahla, al Concejo Deliberante y al secretario de Movilidad Urbana, Carlos Arnedo, advirtiendo que sin una actualización tarifaria urgente “prestar el servicio resulta inviable”.
En una entrevista con La Gaceta, el vicepresidente de AETAT, Jorge Berretta, defendió el estudio de costos presentado por las empresas y acusó a funcionarios de contradecir en público lo que habían acordado en cuatro reuniones técnicas previas. Según Berretta, en esos encuentros tanto el municipio como las empresas habían llegado a conclusiones similares sobre los costos reales del sistema, y señaló que el estudio municipal tenía un error en el cálculo de la cantidad de boletos.
El cálculo técnico del sector arroja un valor de boleto cercano a los $2.400, aunque Berretta reconoció que entienden “la situación económica del país y de Tucumán”. Calificó como “una aberración” y de “mala fe o ignorancia” el pedido oficial de elaborar un estudio técnico por línea de colectivo.
El dirigente también vinculó la caída de pasajeros con la expansión de las aplicaciones de transporte y con el deterioro económico general, afirmando que “abrieron la canilla a otros tipos de transporte”. Además, señaló que las empresas absorbieron durante meses los incrementos de combustible y salarios sin trasladarlos a la tarifa, y que el gasoil aumentó un 60% desde febrero hasta la fecha de la nota.
En el plano salarial, Berretta confirmó que las empresas propusieron al gremio pagar el salario de mayo en tres cuotas: el 5, 12 y 19 de junio, justificando la medida en la imposibilidad financiera y para evitar la pérdida de fuentes de trabajo. También, advirtió sobre la delicada situación respecto al aguinaldo. Esta decisión fue comunicada formalmente a César González, secretario general de la UTA, en una nota donde AETAT describió la “imposibilidad de hacer frente al pago diferenciado del combustible” y un escenario de “imposibilidad económica y financiera”, señalando además que el pago de salarios del mes en curso se había efectuado recién el día 15.
Las cartas documento enviadas a los funcionarios municipales fueron especialmente duras con Arnedo: lo acusan de haber difundido declaraciones “inexactas, maliciosas y faltas a la verdad”, de demostrar “una alarmante incapacidad técnica y política” y de intentar “eludir su responsabilidad funcional”. Le exigen que cese en su “actitud omisiva” y advierten sobre posibles acciones civiles y penales por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Además, acusan a sectores del Ejecutivo municipal de tener una “postura obstructiva” y de generar “confusión en la opinión pública”. AETAT describió al sistema como operando bajo “un esquema de asfixiante endeudamiento crónico” con una flota mínima en funcionamiento.
Por su parte, el secretario de Movilidad del municipio capitalino, Carlos Arnedo, había expuesto ante la comisión de Transporte del Concejo Deliberante, presidida por el concejal José María Franco, datos del sistema SUBE y los aportes municipales al servicio. Arnedo sostuvo que los datos presentados por los empresarios son insuficientes para tomar decisiones y calificó el valor de $2.400 como “absolutamente impagable” dada la situación social y económica de la capital y la provincia.
Un nuevo capítulo de la decadente película del transporte público en Tucumán.
