La toma masiva de fincas y la destrucción de cultivos de caña de azúcar encienden las alarmas de la propiedad privada y la seguridad jurídica en la provincia
El avance de las usurpaciones en la provincia de Tucumán ha vuelto a cruzar un límite crítico. Esta vez, el escenario del conflicto se traslada al sur provincial, en la ciudad de Concepción, donde un grupo masivo de personas ocupó de manera ilegal fincas destinadas a la producción agrícola.
El saldo inmediato no solo abarca el avasallamiento de la propiedad privada, sino también la destrucción deliberada de hectáreas de cultivos de caña de azúcar para dar paso al levantamiento precario de casillas.
El hecho reaviva un debate profundo y doloroso para la comunidad tucumana: el choque entre el déficit habitacional y el delito de la usurpación organizada. Sin embargo, cuando la vía de hecho desplaza al Estado de derecho y se arrasa con la producción de uno de los motores económicos históricos de la región como es la actividad azucarera, la omisión institucional deja de ser una falta administrativa para convertirse en complicidad.
Productores y vecinos de la zona observan con impotencia cómo terrenos en plena explotación productiva son divididos y loteados al margen de la ley en cuestión de horas. La modalidad no es nueva, pero su violencia e impunidad parecen ir en aumento. La destrucción de cultivos listos para la zafra o en etapa de desarrollo no solo representa una pérdida económica directa para las familias propietarias, sino que atenta contra el empleo rural y la seguridad jurídica que la provincia necesita para atraer inversiones.
Frente a esta situación, la sociedad tucumana exige respuestas contundentes de los tres poderes del Estado:
- La Justicia: actuando con la celeridad que la ley exige para ordenar los desalojos y sancionar a los instigadores de las Tomas.
- Las fuerzas de seguridad: garantizando la protección de los predios y evitando que el avance ilegal siga consolidándose.
- El poder político: abordando la problemática habitacional con planes ordenados sin convalidar el accionar de grupos que convierten la necesidad en un negocio marginal.
Si el mensaje de las autoridades frente a la ocupación ilegal y la destrucción del esfuerzo privado sigue siendo la pasividad o la dilación burocrática, el mensaje para la provincia será devastador: que en Tucumán la ley del más fuerte prima sobre el respeto a la propiedad y el trabajo.
Concepción hoy demanda que la ley se cumpla, sin medias tintas ni especulaciones electorales.