El Gobierno provincial oficializó un nuevo modelo de abordaje socioeducativo en Benjamín Paz, con foco en la reinserción
El Gobierno de Tucumán avanzó en una profunda reestructuración del sistema de atención para adolescentes en conflicto con la Ley Penal. A través del Decreto Acuerdo N°16/4, publicado en el Boletín Oficial, se oficializó la creación y funcionamiento del nuevo establecimiento socioeducativo en Benjamín Paz y se dispuso el cierre definitivo del histórico Instituto Roca.
La medida, impulsada por el gobernador Jaldo, marca un cambio de paradigma en la política pública destinada a jóvenes con causas penales. Según los fundamentos del decreto, el objetivo es actualizar el sistema vigente y adecuarlo a criterios actuales que prioricen mejores condiciones de cuidado, atención y acompañamiento.
El nuevo dispositivo, denominado “San José Gabriel del Rosario Brochero – Benjamín Paz”, dependerá de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. Allí se alojarán adolescentes varones de entre 16 y 18 años por orden judicial, en un esquema que busca no solo la contención sino también la reinserción social.
Un cambio de enfoque: del encierro al abordaje socioeducativo
A diferencia del modelo tradicional, el nuevo centro propone un abordaje integral. El decreto establece que el instituto deberá garantizar atención alimentaria, médica, educativa y recreativa, además de trabajar en la reconstrucción de vínculos familiares y comunitarios.
También, se prevé la intervención de equipos interdisciplinarios que elaboren diagnósticos sociales y familiares, junto con programas de capacitación laboral orientados a facilitar la reinserción de los internados en la sociedad.
Este enfoque se alinea con estándares internacionales en materia de justicia juvenil, que recomiendan priorizar medidas socioeducativas y considerar la privación de libertad como último recurso, promoviendo el bienestar y la reintegración del menor.
El cierre de un símbolo del sistema anterior
Uno de los puntos más relevantes de la medida es el cierre definitivo del Centro de Recepción y Clasificación de Menores “Julio A. Roca”, que durante décadas fue el principal espacio de alojamiento de adolescentes con causas penales en la provincia.
El decreto faculta al área de Hacienda a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para garantizar la transición hacia el nuevo sistema.
Desde el Ejecutivo sostienen que esta decisión busca modernizar la intervención estatal en materia de niñez, dejando atrás estructuras consideradas obsoletas y avanzando hacia dispositivos más acordes a una perspectiva de derechos.
Un modelo en transición
La reorganización implica no solo un cambio edilicio, sino también institucional: se prioriza la articulación con organismos públicos, organizaciones sociales y el seguimiento judicial permanente de cada caso.
El desafío, ahora, será la implementación efectiva de este nuevo modelo y su capacidad para reducir la reincidencia, mejorar la inclusión social y garantizar el respeto de los derechos de los adolescentes en conflicto con la Ley.
