Gonzalo Adrián Pizarro cuenta cómo pasó de denunciar presuntas irregularidades vinculadas al legislador provincial Claudio Viña a terminar detenido, allanado y condenado en una causa que, tras una impugnación, terminó reduciendo el alcance de aquella condena. Mientras tanto, sigue reclamando saber qué pasó con las denuncias que originaron todo
Por la redacción de SIN CODIGO TUCUMÀN
Hay historias que empiezan con una denuncia y terminan hablando de algo mucho más grande que una persona.
Esta es la historia que cuenta Gonzalo Adrián Pizarro: la de un ciudadano común que, según su propio relato, decidió recurrir a la Justicia porque consideraba que había situaciones vinculadas al uso de recursos públicos que debían ser investigadas.
No tenía una estructura política detrás. No tenía poder. No tenía un aparato partidario ni un medio de comunicación.
Tenía algo mucho más sencillo: una denuncia y el pedido de que el Estado investigara.
En 2022, Pizarro presentó denuncias en las que planteó presuntas irregularidades vinculadas al legislador tucumano Claudio Viña y a personas de su entorno. Entre los casos que puso bajo la lupa se encontraba el de María Sol Viña, hija del legislador, quien —según la información que motivó la presentación— figuraba como personal de planta permanente de la Legislatura mientras se encontraba radicada en Barcelona.
Pizarro sostiene que no pidió una condena contra nadie. Lo que reclamó, según explica, fue que se investigara la situación y que se determinara si existía alguna irregularidad.
También cuestionó la situación laboral de Sonia Castro, esposa de Claudio Viña y empleada de planta permanente del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, y planteó interrogantes sobre sus funciones y horario de trabajo.
Son cuestiones que, precisamente por involucrar fondos públicos, deberían poder ser esclarecidas con documentación oficial y respuestas institucionales.
La denuncia y la pregunta que quedó pendiente
Uno de los puntos que Pizarro considera centrales aparece relacionado con la situación laboral de María Sol Viña.
Según su relato, después de sus denuncias se informó que la joven se encontraba de licencia sin goce de haberes y que, de no regresar, podía perder su cargo.
Y allí aparece una de las preguntas que Pizarro sigue formulando:
Si existía una relación laboral y posteriormente se estableció una licencia sin goce de sueldo, ¿Qué ocurrió durante el período anterior? ¿Hubo haberes abonados? ¿Quién autorizó esos pagos? ¿Qué controles realizó la Legislatura?
No corresponde anticipar conclusiones. Son preguntas que deberían responderse con los expedientes, registros laborales y documentación oficial correspondiente.
Pizarro asegura que también había denunciado situaciones relacionadas con otras personas vinculadas al entorno político del legislador.
En el expediente, sostiene, consta una presentación realizada el 5 de julio de 2022 en la que se cuestionaba la situación de personas incorporadas a planta permanente y se individualizaba el caso de María Sol Viña.
Pero entonces, según cuenta Pizarro, ocurrió algo que cambiaría completamente su vida: El denunciante terminó siendo denunciado.
Del denunciante al acusado
Después de aquellas presentaciones comenzaron, de acuerdo con su relato, una serie de medidas judiciales que incluyeron restricciones, allanamientos, secuestro de elementos y privación de libertad. Finalmente llegó un proceso penal y una condena en primera instancia.
Pero la historia judicial no terminó allí. Pizarro pone especial énfasis en la cronología de aquellos días.
El debate terminó el 9 de septiembre de 2024. Tres días antes, el 6 de septiembre, el medio Sin Código Tucumán había publicado una nota titulada: “¿Por qué denunciar corrupción en Tucumán es un peligro?”
La publicación hacía referencia a las denuncias que Pizarro había realizado sobre la situación de la hija del legislador y anticipaba que recibiría una condena.
- El 9 de septiembre concluyó el debate.
- El 11 de septiembre, La Gaceta publicó una nota bajo el título: “Condenado por hostigar a la hija de un legislador”.
- Y recién el 17 de septiembre se dictó la sentencia escrita.
Pizarro aclara que no cuestiona que los medios informen sobre procesos judiciales. Lo que plantea es otra discusión: ¿Puede instalarse una condena pública antes de que estén disponibles los fundamentos escritos de una sentencia? Es una pregunta sobre los límites entre la información periodística, la Justicia y la condena social.
Una condena que después cambió
La historia tuvo luego una nueva instancia. Tras la impugnación, el Juez Facundo Maggio revocó varias de las condenas y absolvió a Pizarro respecto de distintos hechos. La condena quedó limitada a un solo hecho.
El dato resulta relevante porque modifica sustancialmente el cuadro que había quedado instalado inicialmente. Aquello que para buena parte de la opinión pública podía aparecer como una historia judicial cerrada tenía, en realidad, un recorrido bastante más complejo.
Y Pizarro sostiene que mientras todo eso ocurría su vida se fue deteriorando. Habla de pérdida de trabajo, problemas económicos, pérdida de oportunidades y proyectos personales truncados. También, afirma haber sufrido consecuencias personales y familiares como consecuencia del proceso judicial.
Pero hay una pregunta que, para él, sigue sin respuesta. ¿Qué pasó con las denuncias que dieron origen a todo? ¿Quién investiga al que denuncia? Ahí está el verdadero núcleo de su reclamo.
Pizarro no pretende -según afirma- que su palabra sea tomada como una verdad absoluta. Pide que se mire el expediente. Que se determine qué denunció. Qué documentación presentó. Qué información solicitó. Qué respuestas recibió. Qué ocurrió con las personas señaladas. Qué medidas tomó la Justicia. Por qué fue condenado. Qué hechos fueron posteriormente revocados.
Y, sobre todo, qué ocurrió con las presuntas irregularidades que originalmente había denunciado.
La pregunta excede a Pizarro y a Claudio Viña. Porque en cualquier democracia existe una figura fundamental: el ciudadano que denuncia cuando considera que algo está mal.
Y ese ciudadano debería poder recurrir a las instituciones con la expectativa de que su denuncia será investigada con independencia, sin importar quién esté del otro lado.
El poder y los recursos públicos
Las preguntas vuelven a cobrar actualidad a partir de nuevas publicaciones periodísticas que ponen bajo la lupa la estructura de asesores vinculada al legislador Claudio Viña y mencionan a personas relacionadas con su entorno familiar.
Entre los nombres señalados aparecen, según esas publicaciones, su exesposa Silvia Marce y Lucas Valverde, hijo de Sonia Castro, entre otros.
Esas situaciones, si corresponden a designaciones efectivamente existentes, pueden ser verificadas mediante documentación pública y deberían contar con explicaciones de las autoridades responsables.
Porque el problema de fondo no es solamente quién está nombrado. La pregunta es qué función cumple, dónde trabaja, cuánto cobra, quién controla su asistencia y qué justificación existe para que el Estado destine recursos públicos a ese puesto.
No se trata de perseguir a una persona. Se trata de controlar el dinero de todos.
El peligro de acostumbrarse
Pizarro plantea algo todavía más profundo. ¿Qué sucede cuando un ciudadano ve durante años situaciones que considera irregulares y siente que denunciarlas puede traerle consecuencias? Aparece la resignación.
Nos acostumbramos al familiar nombrado. Al funcionario que acumula cargos. Al empleado público cuya función nadie conoce. Al dinero público que se utiliza sin explicaciones claras. Y aparece una frase que puede ser mucho más peligrosa que cualquier denuncia: “¿Para qué voy a denunciar si no pasa nada?”
Cuando una sociedad llega a ese punto, el problema ya no es solamente la posible irregularidad. El problema es que el ciudadano deja de creer que las instituciones pueden protegerlo.
Una pregunta incómoda para Tucumán
Pizarro asegura que perdió años de su vida entre tribunales, restricciones, allanamientos y problemas económicos. Su caso judicial tendrá las instancias y consecuencias que correspondan conforme al expediente. Pero hay una discusión que trasciende su situación personal. ¿Qué pasa en Tucumán cuando un ciudadano común denuncia al poder? ¿Quién controla a quienes deben controlar el uso de los recursos públicos? ¿La Justicia investiga con la misma vara cuando el denunciado es un ciudadano común o cuando se trata de un dirigente político? ¿Quién protege al denunciante?
Y, sobre todo: ¿Quién protege al ciudadano cuando el que necesita ser controlado es justamente quien tiene poder?
No alcanza con pedirle a la sociedad que denuncie. Una democracia necesita ciudadanos dispuestos a hacerlo, pero también instituciones capaces de recibir esas denuncias, investigarlas y dar respuestas.
Porque si denunciar se convierte en un riesgo y callarse aparece como el camino más seguro, el sistema termina premiando el silencio.
Y cuando una sociedad aprende a callarse frente al poder, la corrupción -si existiera- ya no necesita que nadie la defienda.
Se defiende sola.